Amnistía Internacional instó al Gobierno Nacional a garantizar la protección de las personas que reclaman por los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, para que cese el hostigamiento y la violencia contra las mismas y que garantice que se investigará los ataques en su contra, tal como ocurrió durante el tratamiento de la ley de aborto legal, y los meses que le siguieron. Fue en un extenso informe en el que se analizó casos concretos de ataques y amenazas a mujeres militantes del aborto legal, que incluyó a Mendoza.
La organización de Derechos Humanos entrevistó a mujeres que sólo por llevar el pañuelo verde o explicitar su postura a favor de que se legalice el aborto clandestino en Argentina fueron amenazadas o sufrieron ataques. Abarca desde estudiantes y activistas feministas hasta legisladoras que durante el tratamiento de la ley -que fue bochada en el Senado- recibieron amenazas ya sea en redes sociales o en persona.
El pañuelo verde –que identifica a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y a la lucha por el aborto legal– se trasformó en una forma de manifestación y expresión del apoyo a la ILE, y con ello, del apoyo a la autonomía, la salud y la vida de las mujeres. Las calles y balcones, las carteras, mochilas y cuellos de mujeres y jóvenes se inundaron de pañuelos en apoyo a los derechos de las mujeres y como un mandato de sororidad. "Pero la consigna del color verde se trasformó también en una amenaza para la seguridad de las mujeres", puntualizó Amnistía.
En el caso de Mendoza menciona el informe lo que le ocurrió a Micaela Tapia, quien el sábado 23 de junio caminaba por una de las calles principales de Godoy Cruz con su pañuelo verde. "Cuatro jóvenes comenzaron a seguirla, dos mujeres y dos varones; le gritaron, la rodearon y le dijeron que se sacara su mochila y les diera el pañuelo. Luego, la empujaron y le pegaron la cabeza contra la pared, la tiraron al suelo, la arrastraron y le quitaron el pañuelo con insultos y frases como 'Ojalá algún día te violen, asesina', finalmente, salieron corriendo", cita Amnistía.
El caso de Micaela forma parte de un apartado donde se releva las amenazas sexuales "como manifestación del control sobre el cuerpo de las mujeres". Y detalla: "Algunos de los insultos proferidos a mujeres revelan rasgos de tono sexual y obsceno; algunos testimonios relatan las amenazas sexuales recibidas que utilizan al abuso como un arma de sometimiento contra las mujeres".
Como el de Micaela, en Mendoza se multiplicaron los casos, por ejemplo tres mujeres del barrio Cano que fueron agredidas físicamente y verbalmente por usar el pañuelo verde a favor del aborto lega, seguro y gratuito. Una vecina del barrio fue la que comenzó la agresión, que se trasladó después a la comisaría, cuando las víctimas del ataque hicieron la denuncia. Hacia allí fue la mujer "pro vida", como se autoidentifican quienes se oponen al aborto legal, y siguió agrediendo a las denunciantes.
Las agresiones en plena calle, en el transporte público o por las redes fueron muchas en Mendoza, pero en el informe de Amnistía sólo publicaron a quienes se atrevieron a denunciarlos brindando su nombre y apellido. Explicaron que muchas de las chicas sintieron temor ante el nivel de agresividad que expusieron quienes estaban en contra de la frustrada ley, por lo que decidieron resguardarse.
Agrega la organización que tras los ataques muchas revisaron el uso del pañuelo: "Si bien muchas de las personas que Amnistía Internacional entrevistó manifiestan estar convencidas de la relevancia de continuar en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, aún cuando ello implique exponerse; también han mencionado que las agresiones recibidas y los niveles a los que han sido expuestas les han generado temor tras la experiencia traumática, le han hecho reflexionar respecto al uso del pañuelo verde en determinadas zonas, estando solas o acompañadas, y se han mostrado más alertas frente a posibles repeticiones de hechos violentos".
Sobre el final del informe, Amnistía elaboró un listado de recomendaciones al Gobierno Nacional para que se garantice la expresión de las militantes por el derechos al aborto seguro, legal y gratuito en Argentina, abordando una efectiva investigación para identificar a quienes agredan u hostiguen a sus activistas, en el formato que fuere.
Este es el informe completo de Amnistía Internacional:
