¿Cuánto capital es necesario invertir en Vaca Muerta para producir hasta los umbrales planificados sin perder recursos en los cuellos de botella estacionales provocados por la necesidad de inversión en infraestructura para la industrialización y el transporte de los productos extraídos? ¿Quién lo pone? ¿Cómo se determina la tasa de recupero? ¿Cuánta plata tiene que poner el Estado como incentivo a inversores?
Las preguntas precedentes cobran fuerza en un momento complejo para las relaciones entre los actores centrales para la explotación de los hidrocarburos no convencionales que guarda Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina. Hay una guerra gubernamental, empresaria y sindical que tiene como rehenes a los consumidores.
Todas las partes que pactaron el premiado Acuerdo para Vaca Muerta a principios del año pasado, entraron al remolino de conflicto de intereses recalentado por la crisis general, que aleja a inversores y prestamistas.
Con precios en el orden de los 3 dólares por MMBTU es difícil apalancar inversión en proyectos no convencionales de Vaca Muerta o en el offshore de la cuenca Austral, coinciden las empresas, advierte el periodista Nicolás Gandini en el portal especializado en Enegía, Econojournal.
La industria y el gobierno están en una encarnizada pelea que tiene como botín de fondo la renta de Vaca Muerta. El gobierno quiere establecer el precio de mercado del gas en torno a los tres dólares, que la industria califica de insuficiente para tentar inversiones.
Durante la gestión de Juan José Aranguren en la cartera energética, el gobierno de Macri trazó un sendero de precios para el gas natural, según el cual a esta altura debiera cotizar a 5,60 dólares por millón de BTU en boca de pozo, pero lo hace a un dólar con cuarenta por debajo debido a una maniobra del gobierno para impedir una corrida tarifaria en época de rebote electoral.
Como reflejó Gandini, con tres dólares el millón de BTU las empresas no invierten. Y para colmo el cierre del grifo de subsidios al Plan Gas le sacará parte de los ingresos asegurados de ocho petroleras con inversiones en Vaca Muerta. La más afectada es Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, que es la que más plata del Estado cobra por producir gas en la formación neuquina. También pierden plata YPF, la alemana Wintershall, la francesa Total y la argentina PAE, de la familia Bulgheroni.
A todos los beneficiarios del Plan Gas contemplado en la resolución 46 de Energía (asegura un precio sostén de 7,50 dólares en 2018 y 7 dólares en 2019 para el gas natural producido en Vaca Muerta) les cortarán parte de lo que estaba estipulado que cobraran por subsidio, a menos que pisen sus extracciones.
El gobierno puso un tope al gas que subsidiará, por lo que cual las empresas tienen dos opciones: seguir aumentando los volúmenes de producción y con eso agrandando la parte sin subsidio o pisar inversiones frenando la extracción en los volúmenes con subsidio seguro. En ese punto, hasta el líder sindical y senador nacional del MPN de Neuquén, Guillermo Pereyra, salió a formar fila con las petroleras, frente al gobierno.
Pereyra contra Macri: “No podemos ilusionarnos con más inversiones porque el gobierno no es serio”
Al mismo tiempo, hay una pelea de titanes con el gobierno como árbitro con poderes amplios en el mercado de los combustibles.
Las productoras de crudo se quejan porque las refinadoras no se acercan con los precios que pagan por su insumo principal a los precios internacionales. Los refinadores calculan sus precios sobre la cotización internacional menos los impuestos por exportar, con lo cual las retenciones que puso el gobierno a la venta de productos al exterior le bajó el precio al barril de crudo en el mercado local.
Hay una guerra por la renta de Vaca Muerta que tiene batallas abiertas en varios frentes.
Están en desplegadas las fuerzas gubernamentales, empresarias y sindicales sobre el tablero de la confrontación. Las víctimas sin participación alguna en la suerte de la batalla son los consumidores finales de los productos del sótano neuquino, que al final de cuentas pagan todos los daños de la guerra comercial, política y sindical en torno al petróleo y el gas no convencional de producción nacional.
Dentro de la guerra están en juego los intereses del gobierno, que pretende al menos por el año electoral contener los costos de las fuentes energéticas.
Dentro de la actividad, hay un conflicto de intereses entre las eléctricas y las productoras de gas, por el precio en boca de pozo.
También entran en contradicción los intereses de las refinerías de combustibles con los de las productoras de petróleo, una pelea en la que entra a terciar la vía exportadora, en la que el Estado recalentó la intervención con retenciones, bajo el ala de un gobierno que declamó históricamente contra esta herramienta económica.
