El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presento comoamicus curiae en representación de las familias campesinas que presentaron una demanda en la Suprema Corte de Mendoza para impedir la venta de tierras en Tunuyán y frenar el proceso de desalojo que ya se inició.
El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Administración de Activos de ex Bancos Oficiales (DAABO), puso a la venta en diciembre de 2018 un terreno de Tunuyán, "sin considerar que allí viven familias desde la década de 1980, dedicadas a la agricultura, mucho más tiempo que los requeridos para la adquisición del dominio", señaló el CELS.
Las familias y la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra acudieron a la Corte para impedir la venta del inmueble, ubicado con frente a calle Bascuán s/n y cuyo valor de base, según la venta lanzada por el oficialismo es de $3.145.000. Por la propiedad cruza el arroyo Bascuán y tiene derecho a riego.
Las familias que poseen y habitan en esas tierras son nueve, y junto a otras nueve se dedican a la cría de animales, la producción de hortalizas y la elaboración de conservas de cereza, pera, duraznos y vino.
"Mendoza y el Estado nacional incrementaron en los últimos años la venta de tierra rural a empresas agropecuarias, además de darles otros beneficios. De esta manera, las porciones de tierra destinadas a la agricultura familiar están amenazadas de forma permanente por el avance de los grandes productores en alianza con distintas esferas de gobierno", postuló el organismo.
La DAABO intimó a las familias en 2017 a que desalojaran el terreno y las familias se negaron basadas en el derecho que tienen a la posesión. Es decir que la DAABO avanzó en la venta, un año después, teniendo conocimiento de los derechos que asistían a las familias.
"Debido a que en nuestro país los derechos derivados de la posesión son continuamente vulnerados y someten a las familias poseedoras a situaciones de indefensión y a vulneraciones agregadas de derechos humanos, el Congreso de la Nación, al igual que distintos órganos internacionales, consagró diversas leyes para darles una especial protección. La extensa regulación determina que las familias posesoras tienen derechos que no se pueden desconocer", señaló el CELS sobre la avanzada oficialista sobre los campesinos.
En el amicus presentado el CELS solicita a la Corte que dicte una orden para suspender la venta del terreno hasta que se resuelva el trámite administrativo sobre la nulidad de esa acción. "Entendemos que, de concretarse la venta, se avasallarán por completo los derechos de las familias, se les habrá negado el acceso a la justicia y el escenario que se abriría es de una dificultosa o imposible reparación", cerró el organismo de defensa de derechos.
Conflicto de larga data
Las tierras reclamadas por las familias campesinas fueron de los bancos provinciales y al momento de ser privatizados en los 90 pasaron a ser fiscales y bajo administración de la DAABO, "ahora después de mas de 20 años pretenden ser privatizadas, pero en el marco de procesos viciados y poco transparentes", indicó al respecto la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza.
En Diciembre la UST denunció y rechazó el intento de venta por parte del estado provincial de 5 propiedades, una de ellas en Los Sauces, Tunuyán, de 26 hectáreas donde viven y producen 9 familias campesinas, poseedoras desde hace mas de 20 años.
"Ademas de haber presentado formalmente en la propia DAABO un informe de la situación, incluyendo los expedientes en la Agencia de Ordenamiento territorial que acreditan la posesión de las familias y la solicitud de regularizar la situación en el marco de la ley de colonización". sostuvieron los campesinos.
El actual Director ejecutivo de la DAABO Santiago Pérez Araujo, denunció penalmente a las familias que hace mas de 20 años viven y trabajan en una de las fincas, en Tunuyán, "a pesar de que las mismas han presentado proyectos en la Agencia de Ordenamiento Territorial, para que en virtud de sus derechos posesorios, y de la Ley de colonización, se regularice su situación, sin embargo, el empresario Gabriel Porcel , que hace un par de años usurpó algunos de los cuarteles de una finca también en Tunuyan y de la DAABO, y que en las mismas puso a chacareros a producir ajo para el, no fue denunciado por el señor Araujo, ni tampoco notificado ni investigado por el personal de la DAABO que persigue a los campesinos", agregaron.
Los campesinos sostienen que el sistema de venta de las tierras organizado por el gobierno está diseñado para beneficiar al empresario Porcel que, aseguran, "ofreció un monto muy inferior a la base de la licitación. De adjudicarse la finca en este procedimiento, estaríamos ante un grave hecho de corrupción en torno a los negociados con la Tierra Fiscal y en paralelo violentando los derechos de familias campesinas, trabajadoras y legitimas poseedoras".
