Es una decisión salomónica que por ahora salva a los jueces Salinas, Correa Llano y Miguel. El diputado Cassia denunció presiones del Jury. El tribunal avanzó contra un juez denunciado por Cazabán.
El Jury de Enjuiciamiento integrado por la Suprema Corte y legisladores emplazó a los denunciantes de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal por favorecer a presos a precisar las causales por las que solicitaron el proceso contra los jueces Ramiro Salinas, Luis Correa Llanos y Alejandro Miguel. La denuncia la hizo Osvaldo Quiroga, padre de Matías Quiroga, el joven asesinado tras el frustrado asalto de un blindado en la playa del Carrefour de Godoy Cruz, junto un grupo de legisladores encabezados por el peronista disidente Daniel Cassia, quien deslizó que el Ejecutivo operó al Jury para que no avanzara contra la Cámara de Apelaciones.
El senador radical Juan Carlos Jaliff dio los argumentos para una decisión salomónica del Jury, que según Cassia no es más que "una acción distractiva para terminar archivando las denuncias y haciendo cargo a los denunciantes de las consecuencias de sus decisiones".
El Jury decidió "emplazar a los denunciantes por cinco días hábiles para que, conforme a lo dispuesto por el art. 19 primer párrafo de la ley 4970, se de cumplimiento a lo requerido por el art. 17 inc. c) de la mencionada ley, y que formulen una relación clara y circunstanciada de los hechos que motivan la denuncia, indicando concretamente la causal de enjuiciamiento que se atribuya, bajo apercibimiento de ley".
Cassia no tardó en contestar. Poco después de emitida la resolución del Jury el peronista disidente, consultado por Explícito, les mandó un mensaje a los miembros del tribunal de enjuiciamiento de magistrados: "Sáquense la careta y corran con el costo político de defender a una Cámara de Apelaciones que alegremente libera a presos que vuelven a delinquir. Le tienen temor a la sociedad por eso dan vueltas".
El legislador consideró que "la resolución del Jury carece de sentido jurídico, los que la hicieron demostraron un desconocimiento total de la materia que trataron. Resolvieron de este modo porque cedieron a presiones políticas, a presiones del Ejecutivo, para salvar a estos camaristas".
De acuerdo a la versión de Cassia, el Ejecutivo juega a dos puntas en este caso. Porque operó al Jury para salvar a la misma Cámara a la que el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, y el vicegobernador Carlos Ciurca, han criticado por el criterio para otorgar beneficios a los presos. Mientras que entre los miembros de la Suprema Corte, la última incorporación al tribunal, Omar Palermo, encabezó el rechazo a avanzar contra la Cámara de Apelaciones sin nuevos aportes de los denunciantes.
Cassia dijo que no entiende qué precisiones les piden a los denunciantes si "las causales para la destitución están en expedientes que ha tratado la propia Corte, que los ministros que son parte del Jury los conocen, además de los 20 casos puntuales que presentamos los denunciantes".
La presentación contra la Cámara de Apelaciones en el Jury la hicieron los diputados Cassia y Patricia Gutiérrez (Unidad Popular), además de los senadores Gustavo Valls (Sciolismo) y Gustavo Cairo (Pro).
El Jury lo integraron los ministros de la Suprema Corte Pedro Llorente, Herman Salvini, Carlos Böhm, Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro y Omar Palermo y los legisladores Luis Francisco (FPV), Mónica Zalazar (FPV), Silvia Ramos (FPV), Néstor Parés (UCR), Luis Petri (UCR), Aldo Vinci (PD), Andrés Da Rold (FPV), Fernando Simón (FPV), Juan Carlos Jaliff (UCR), Sergio Moralejo (UCR), Germán Gómez (FPV) y Néstor Marquez (Unidad Popular).
El tribunal de enjuiciamiento ya había rechazado en una oportunidad anterior una denuncia de Cassia y Osvaldo Quiroga contra el juez de Ejecución Penal Eduardo Mathus, entre otras causas, por el procedimiento de liberación del preso Tanga Gómez, acusado de asesinar a Matías Quiroga, hijo de Osvaldo, quien se transformó en líder de un grupo de familiares de víctimas de delitos.
A Cazabán le dijeron que si
Por una situación similar a la de los jueces de la Cámara de Apelaciones juez Dionisio Rafael Pérez Pesce, de la Segunda Circunscripción Judicial, quien fue denunciado por Alejandro Cazabán de mal desempeño.
El ex secretario general de la Gobernación de Celso Jaque llevó el caso del juez de San Rafael al tribunal de enjuiciamiento a fines del año pasado después de un robo que sufrió una de sus hijas. El atacante de la menor había sido liberado por el magistrado, como otros presos que detectó Cazabán mediante habeas corpus tramitados de forma "ligera", según el denunciante, por el juez Pérez. La pruebas del ex funcionarios si tuvieron peso para el Jury que inició el proceso contra el magistrado del Sur, quien ahora deberá presentar defensa.
