La Suprema Corte deberá dirimir sobre el despojo que intentan hacer capitales del agronegocio españoles a campesinos de Lavalle poseedores de tierras en el límite de Mendoza con San Juan.
Se trata de tierras que codicia Argenceres, una empresa de capital español, que busca instalar en Mendoza un proyecto de producción de olivares. Un juez falló en primera instancia a favor e las familias campesinas, pero tras una apelación de la compañía la Cámara dio vuelta ese fallo.
"Las familias están en el campo, aunque las empresas amenazan todo el tiempo con desmontar ese territorio. La familia resiste pero la causa está en manos de la Corte", ilustró al respecto Diego Montón, dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Argentina.
El MNCI fue uno de los que colaboró con la elaboración de un informe del CELS sobre este conflicto territorial. El organismo incluyó a Mendoza en su informe anual de Derechos Humanos como un ejemplo de cómo los Estados, en tándem con intereses privados, violan derechos básicos de las comunidades, en este caso de campesinos lavallinos.
El CELS indicó que no han sido estados ausentes, sino presentes, y jugando para las corporaciones -incluso cuando la Justicia ha fallado a favor de los agricultores- los que causaron un perjuicio a estos ciudadanos.
"Estamos esperando que la Corte tome todas las pruebas de los abusos que han sufrido, desde cómo destruyeron una de las casas con una máquina y cargaron todo en camiones para llevárselo, hasta las pruebas de la violencia policial cuando reprimieron a las familias campesinas", señaló a EXPLÍCITO Montón.
El Estado y empresarios del agronegocio violaron derechos básicos de campesinos de Lavalle
Desmantelamiento de la agricultura familiar
El referente del MNCI hizo un repaso por las políticas de agricultura familias, o la ausencia de ellas, desde la llegada del macrismo al poder.
"Hubo un desmantelamiento de todas las instituciones destinadas a acompañar a la agricultura familiar, tamto a nivel nacional con el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar, como a nivel provincial, donde desapareció la dirección de agricultura familiar y el IDR quedó redireccionado para otro tipo de actividades", resumió.
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Agregó que "la agencia de ordenamiento territorial también quedó desmantelada y muy reducida y sin capacidad de acción".
Otro tema donde las familias campesinas colisionaron con el gobierno de Alfredo Cornejo es con el manejo que hizo el Ejecutivo de la DABO, que es la Dirección de Administración de activos de Ex-Bancos Oficiales. "Allí hay más de 150 fincas que son del Estado. En dos de esas fincas donde hay familias desde hace muchísimos años hay conflicto porque el gobernador quiere hacer negocios con esas fincas en lugar de promover que las familias campesinas puedan acceder a las mismas", indicó.
Ejemplificó que hay una familia campesina que lleva más de 10 años en una finca de Tunuyán y el Estado "ha avanzado en un remate irregular", cerró Montón.
