Fernando Rivarola, el fiscal que generó repudio nacional por calificar como "desahogo sexual" a una violación grupal de una adolescente ocurrida en Chubut hace seis años, tiene antecedentes más cercanos a un prontuario que a un currículum: fue acusado de espiar a ambientalistas de la asamblea No a la Mina, de esa provincia, y a miembros del Lof Cushamen.
Rivarola avanzó en el cierre de la causa por la presunta violación grupal denunciada a comienzos de 2019 y ocurrida en septiembre de 2012 en la zona de Playa Unión. La víctima fue una joven que en ese momento tenía 16 años.
"DESAHOGO SEXUAL":
Porque informan que el fiscal Fernando Rivarola calificó de esa manera el accionar de los acusados de violar en grupo a una joven de 16 años en 2012 pic.twitter.com/o77xJuDQFI— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 3, 2020
La figura original de la Justicia en el expediente fue la de abuso con acceso carnal gravemente ultrajante, agravada por la participación de dos o más personas. Luego de 60 testimonios y pericias, Rivarola cerró un acuerdo con los abogados defensores en un juicio abreviado. Para que esto fuera posible cambió la imputación de violación a "desahogo sexual".
Tomás Soriano, Joaquín Pérez, Leandro del Villar, Luciano Mallemaci, Robertino Viglione y Ezequiel Quintana. #LaManadaDeChubut #FiscalFernandoRivarola #FernandoRivarola pic.twitter.com/LuWMkVwSgK
— Pau (@paupKa) June 3, 2020
La nula perspectiva de género de Rivarola se entreteje con sus antecedentes contra las comunidades originarias, la persecución a ambientalistas y la corrupción judicial.
A mediados de mayo Rivarola fue denunciado por peculado. La denuncia la hizo el Ministerio de Economía del Chubut después de que el fiscal diera curso a una denuncia que había hecho la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales contra el ministerio. Rivarola forma parte de esa asociación, con lo cual hay una clara incompatibilidad.
En 2017 el juez federal de Esquel Guido Otranto -quien intervino en primer término en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado- dictó el procesamiento de dos fiscales provinciales y dos efectivos policiales en el marco de una causa por espionaje ilegal que en 2014 que involucró a decenas de asambleístas del movimiento No a la Mina y a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, recopila el sitio No a la Mina.
Uno de los fiscales involucrados fue Rivarola quién aceptó información ilegal proveniente de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), también procesado, cuyo nombre permanece resguardado por el Estado.
Otranto estableció que los funcionarios sabían el material que estaban recibiendo, pese que pública y judicialmente habían manifestado lo contrario.
“Esa descarga de información fue realizada por Rivarola a pesar de la clara advertencia que le realizó el agente acerca de que esto debería quedar de incógnito y que en todo caso necesitaría requerir una orden judicial para contar con su colaboración”, sostuvo, y agregó que “evidentemente Rivarola tomó en cuenta esa advertencia, porque guardó la información entre la que ya le había entregado la División Policial de Investigaciones de Esquel” y “sin identificarla ni aclarar que había sido entregada por un agente de inteligencia”.
El Consejo de la Magistratura de Chubut archivó la denuncia que las víctimas del espionaje habían elevado contra los funcionarios judiciales.
