El Ministerio Público Fiscal -con la adhesión de las querellas del MEDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- pidió ante el Tribunal Oral de Mendoza anular la absolución de Otilio Romano por no investigar la privación ilegítima de la libertad con agravantes contra Irma Zamboni de Ander-Egg.
Fue en el marco de una nueva audiencia por el reenvío de la Cámara Federal de Casación Penal para revisar la sentencia dictada en 2017, proceso que juzgó durante tres años los delitos de lesa humanidad contra más de 200 víctimas y que incluyó a ex magistrados entre los 27 acusados.
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El fiscal general Dante Vega y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitaron que se anule la absolución de Romano por la privación ilegal de la libertad padecida por Irma Zamboni de Ander Egg, quien había presentado dos habeas corpus por su marido Emanuel.
La acusación original no sólo lo comprendía a Romano, sino también sobre los ex magistrados Luis Miret y Rolando Carrizo, ambos fallecidos.
Para Casación, hubo pruebas de la omisión de investigar el suceso, que incluyó también un atentado en el domicilio de la mujer, por parte de los entonces integrantes del sistema de administración de justicia. La fiscalía instó, en consecuencia, que se le atribuya también el caso de Irma Zamboni a Romano, ya condenado a prisión perpetua.
Disparos y bombas en la madrugada
El 22 de noviembre de 1975, un grupo de nueve hombres armados irrumpió en dos autos a las 2.30 en el domicilio de la familia del filósofo y ensayista Emmanuel Ezequiel Ander Egg, quien no se encontraba en la casa. Estaba en Venezuela por razones de trabajo.
Su esposa, Irma Zamboni -quien hacía trabajo social en el Barrio San Martín y empezaba a dar sus primeros pasos en el Ecumenismo- había salido a la vereda porque justo estaba despidiendo a una visita. Los atacantes le exigieron de forma violenta que les abriera la puerta, ante lo cual se negó y comenzó a gritar por la presencia de la policía. Uno de los hombres le tapó la boca y otros dos la tomaron de los brazos, mientras otro le pegó una bofetada. Este mismo represor luego disparó contra la cerradura de la puerta y la atravesó. La bala se incrustó en una silla del living, donde estaban los hijos de la mujer.
Como no pudieron abrir la puerta e Irma Zamboni seguía reclamando por la policía, la subieron a un auto y la condujeron hasta la comisaría 5ta, donde dos efectivos se incorporaron a la comitiva y volvieron, todos juntos, a la casa de la familia Ander Egg. Así ingresaron a la vivienda, luego de que los hijos de la pareja abrieran la puerta, y revisaron libros, muebles y documentos. Se llevaron dinero, papeles y otros objetos.
Dos meses después, el 30 de enero de 1976 a las 2:15, fue detonado un explosivo junto al portón del garaje de la vivienda, que produjo destrozos en todo su frente, además de la destrucción total de otros dos vehículos.
El rol de Miret, Carrizo y Romano
Después del primer ataque, en noviembre del '75, Irma Zamboni presentó un habeas corpus preventivo en el juzgado federal a cargo de Miret, con el fin de conocer si había una autoridad pública que estuviera buscando a su esposo y los motivos de ello. Miret le dio traslado de la presentación al entonces fiscal Romano, quien opinó por su desestimación porque no se había determinado en la presentación de la mujer que la amenaza a la restricción de la libertad fuese ilegal.
Miret rechazó el habeas corpus sin sustanciarlo, en base a que era de dominio público que esos días se estaba realizando en la ciudad un "operativo de lucha contra actividades subversivas encomendado al Ejército Argentino". Y, al respecto, señaló que "dar curso al recurso desvirtuaría la proyectada captura".
Zamboni apeló la resolución ante la Cámara Federal, que revocó la resolución de Miret. El tribunal de alzada sostuvo que justamente el hecho de que se estuviera realizando un "operativo antisubversivo" hacía procedente el pedido de informes a la autoridad militar y le indicó que debía adoptar "todas las providencias a su alcance".
El 22 de diciembre, el caso recayó en el juez Carrizo, que requirió los informes al Comando de la VIII Brigada. Los militares contestaron que no existía orden de detención contra Ander Egg. El juez rechazó el recurso y notificó al fiscal Romano.
Respecto del atentado con un explosivo, al día siguiente de que el sumario policial arribara la Justicia Federal el fiscal Romano solicitó el "sobreseimiento provisorio de las actuaciones". El juez Carrizo resolvió en ese sentido por "no resultar" de la investigación "quién o quiénes son los culpables del hecho delictuoso incriminado, sus cómplices o encubridores, si los hubiere, ni indicios suficientes para determinarlos".
Los pedidos del Ministerio Público Fiscal
La Cámara de Casación Penal dio lugar a una serie de revisiones que este nuevo tribunal deberá realizar sobre el fallo original.
Los aspectos considerados se refieren a absoluciones, omisiones, cómputo de penas y calificación legal de algunas figuras penales, según enumera el sitio que lleva al día las crónicas de los juicios:
1) Anular la sentencia recurrida de absolución por asociación ilícita de Antonio Indalecio Garro y José Antonio Lorenzo.
2) Anular la sentencia recurrida de absolución de Juan Carlos Ponce, Miguel Ángel Ponce y Héctor Camargo.
3) Anular la absolución de Otilio Romano por el caso de Irma Zamboni de Ander-Egg.
4) Anular parcialmente la sentencia recurrida por el modo de condena a Ricardo Benjamín Miranda en relación con delitos contra la integridad sexual en perjuicio de Vicenta Olga Zárate, Silvia Ontivero, Alicia Peña y Stella Maris Ferrón.
5) Anular parcialmente la sentencia por el monto de la pena para Oscar Bianchi, Ricardo Benjamín Miranda y Pedro Modesto Linares.
6) Hacer lugar al agravio fiscal por omisiones en voto. Rechazar los restantes motivos de agravios.
7) Hacer lugar al recurso interpuesto por Viviana Beigel y Pablo Salinas referido a la anulación de las absoluciones de Miguel Ángel Ponce, Juan Carlos Ponce y Héctor Camargo.
Fuente: Fiscales.gob.ar/Juicios Mendoza