Los organismos de Derechos Humanos de Mendoza difundieron un documento colectivo en conmemoración de los 45 años del Golpe Militar. Allí manifestaron su preocupación por la irrupción en el tablero político de grupos antidemocráticos y apuntaron a la justicia, "el más aristocrático de los poderes" por su falta de imparcialidad y el oportunismo de sus fallos.
En un duro párrafo cuestionaron también el nulo apego del gobierno de Rodolfo Suarez a los tratados internacionales de DD.HH:
"Vemos con estupor que el Gobierno provincial ignora los tratados internacionales y la constitución nacional en materia de derechos humanos. Se comporta como un verdadero patrón de estancia en su pretensión de disciplinamiento de la sociedad", arranca el tramo donde critica la gestión de los radicales al mando provincial.
Sigue: "La herencia de Cornejo continúa intacta: mano dura y punitivismo. Por encima de las normas constitucionales se aplican los códigos contravencional y de convivencia para proceder con toda impunidad. Se condena el derecho a la protesta a través de procesos judiciales y multas a las y los trabajadores, y a organizaciones sociales que manifiestan sus críticas. Se ataca el derecho a huelga por vía de la extorsión o los descuentos salariales".
Los organismos recordaron especialmente al periodista Sebastián Moro, una de las primeras víctimas de otro golpe, contemporáneo esta vez, en Bolivia: "Acompañamos el reclamo de sus familiares para que su caso sea enmarcado en los crímenes de lesa humanidad que cometió esa dictadura".
También recordaron a Florencia Romano y fustigaron el rol de la Policía de Mendoza y de su jefe, Roberto Munivez: "El uso y abuso del poder descargado contra jóvenes o personas en situación de vulnerabilidad social cuenta con el aval del jefe de Policía entronizado en la gestión Cornejo, que persiste hasta nuestros días como muestra de la prepotencia policial".
Este es el documento completo (disponible en audio al final de esta nota):
Este 24 de marzo de 2021 recordamos el 45 aniversario del golpe cívico militar en un contexto muy especial, aún con la amenaza de la pandemia y con nuestro pueblo golpeado por cambios culturales y condiciones socio económicas adversas
Sin embargo, esta fecha ha quedado impresa en la historia del país y marcada a fuego en quienes sentimos el impacto directo de la represión. Hoy más que nunca se hacen presentes las 30 000 víctimas de desaparición forzada y los efectos de aquel brutal golpe de estado que llegan hasta nuestros días
En el presente, lo más inquietante para los organismos de derechos humanos es el retroceso en la aceptación del pluralismo político y la virulencia de ciertos sectores sociales antidemocráticos, que van ganando las calles con un discurso desafiante contra un potencial enemigo al que hay que eliminar.
La muestra más cabal fue lo sucedido en la marcha del 27F convocada por Juntos por el Cambio. La agrupación paradójicamente llamada “Jóvenes Republicanos”, con la excusa de cuestionar las políticas sanitarias, colocó bolsas mortuorias con el nombre de Estela de Carlotto y otras personas más destinatarias de su odio
Nuestras organizaciones hermanas salieron al cruce de los agravios -legitimados con el silencio de sus organizadores- y hacemos nuestras sus palabras: “Al odio y la violencia siempre los hemos combatido con amor y el reclamo de justicia. La escena abyecta de unos cadáveres embolsados en el piso de la plaza es la confirmación del negacionismo y el desprecio por la democracia que promueven estos grupos”.
Afirmamos que no permitiremos que se bastardee nuestra lucha ni la estigmatización de quienes abrazamos el Nunca Más y defendemos el respeto a la diversidad de pensamientos y prácticas políticas.
También resulta preocupante el lugar de la Justicia, ya que atraviesa su peor etapa desde la recuperación de la democracia en 1983. Según una encuesta de la Universidad de San Andrés -publicada en el diario La Nación antes de la pandemia- la actuación de la Corte Suprema de Justicia reunía el 70% de insatisfacción entre las personas consultadas. El desprestigio supone un efecto contagio de la mala imagen del Poder Judicial, que en el caso del desempeño de las y los jueces reunía solo el 12% de aprobación. Son números más bajos que el Legislativo y Ejecutivo.
Una serie de irregularidades explican la caída de su respetabilidad. El cálculo de oportunidad para emitir fallos según el momento político y la utilización de causas judiciales para atacar a oponentes bajo la apariencia de legalidad, que mantiene a personas detenidas desde la gestión anterior, son recursos inadmisibles en manos de la Justicia. Rechazamos todas las formas de judicialización de la política puestas en evidencia en lo últimos años y solicitamos la libertad de los y las presas políticas.
A este panorama se suma la lentitud, la misoginia y el carácter discriminatorio en razón de la condición social expresado en los fallos. Con solo observar la población carcelaria esta afirmación queda al desnudo.
En este 24 de marzo reclamamos al más aristocrático de los poderes que empiece a escuchar a la sociedad y se replantee su situación de privilegio para retomar el camino de la independencia política, la imparcialidad y eficiencia que tanto necesitamos.
En cuanto a los juicios por delitos de lesa humanidad, con decepción recibimos la información de que solo dos juicios se inician este año en todo el país: uno de ellos comenzó el 12 de este mes, aquí en Mendoza.
Esta desaceleración del ritmo de los juicios y la avanzada edad de los procesados contribuye a su impunidad. Por otro lado, debemos rescatar que la virtualidad permitió reiniciar los debates a nivel nacional a pesar de la pandemia. En Mendoza, el 22 de mayo pasado se retomó el noveno juicio aún en debate.
Como contrapartida, la pandemia de Covid posibilitó la proliferación del beneficio de las prisiones domiciliarias a los enjuiciados. Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de enero de este año informa que el 75% de los 863 represores se encuentran en sus casas y sólo el 19% en cárcel común. En este sentido, los Organismos de DD. HH. locales cuestionamos algunas domiciliarias que entendíamos improcedentes.
Si bien sufrimos una paralización generalizada y las actividades por Memoria, Verdad y Justicia se resintieron, pudimos avanzar en los pedidos de extradición del militar prófugo Carlos Luis Malatto y del sacerdote Franco Reverberi para que puedan ser juzgados en el país e impedir que se consagre la impunidad de estos genocidas que huyeron a Italia y aun gozan de libertad.
También reclamamos la preservación y señalización de la Colonia Papagayos, ya que todo el pueblo de Mendoza debe saber que en ese sitio, donde se educa a niñas, niños y adolescentes, funcionó un centro clandestino de detención durante el terrorismo de Estado.
Asimismo, observamos la intrusión sobre la Comisaría 7.a de Godoy Cruz, otro Centro Clandestino de Detención, que en forma desaprensiva está siendo reciclado en Centro Cultural por la municipalidad de Godoy Cruz, sin atenerse a la ley nacional 26 691 que ordena y legisla sobre estos espacios considerados Sitios de Memoria y sin la participación de los sobrevivientes y Organismos de derechos humanos. Esto, a pesar de los reiterados pedidos, tal como indica la mencionada ley y marca el más llano sentido común.
En el panorama local vemos con estupor que el Gobierno provincial ignora los tratados internacionales y la constitución nacional en materia de derechos humanos. Se comporta como un verdadero patrón de estancia en su pretensión de disciplinamiento de la sociedad.
La herencia de Cornejo continúa intacta: mano dura y punitivismo. Por encima de las normas constitucionales se aplican los códigos contravencional y de convivencia para proceder con toda impunidad. Se condena el derecho a la protesta a través de procesos judiciales y multas a las y los trabajadores, y a organizaciones sociales que manifiestan sus críticas. Se ataca el derecho a huelga por vía de la extorsión o los descuentos salariales.
El respeto a la dignidad humana y el trato igualitario ante la ley resulta inexistente. La discriminación, el uso y abuso del poder descargado contra jóvenes o personas en situación de vulnerabilidad social cuenta con el aval del jefe de Policía entronizado en la gestión Cornejo, que persiste hasta nuestros días como muestra de la prepotencia policial.
La misoginia de las y los uniformados sumada a la desatención del flagelo de la violencia de género costó la vida de varias mujeres víctimas de femicidio, como el escandaloso caso de Florencia Romano.
En este recorrido, la enumeración de trasgresiones a los derechos elementales es larga y lamentable, pero el 24 de Marzo nos convoca a la memoria y a la denuncia para señalar las prácticas anticonstitucionales que nos dañaron profundamente y evitar su reiteración.
Finalmente, queremos expresar que nos sigue doliendo la ausencia de nuestro compañero Sebastián Moro, periodista asesinado en el marco del golpe de Estado en Bolivia y que acompañamos el reclamo de sus familiares para que su caso sea enmarcado en los crímenes de lesa humanidad que cometió esa dictadura.
Los Organismos seguimos en la calle para reivindicar la lucha por los derechos humanos básicos. Queremos respeto a la dignidad humana; techo, trabajo y tierra para nuestro pueblo.
En este 24 de Marzo reafirmamos nuestro compromiso por más memoria, más verdad y más justicia.
SON TREINTA MIL – FUE UN GENOCIDIO
NUNCA MÁS AL DISCURSO DEL ODIO
¡30 000 desaparecidas y desaparecidos… ¡Presentes… Ahora y siempre!24 de marzo de 2021
Organismos de derechos humanos de Mendoza
