"Han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente. Ninguna duda cabe que esta circunstancia es causa originaria y concurrente del resultado final, cuando menos, en un 50% del mismo".
Esa es la respuesta que el gobierno de Rodolfo Suarez le brindó como administrador del Estado provincial a la familia de Florencia Romano, asesinada en diciembre de 2020, en un litigio civil que mantiene por las negligencias del accionar policial en el caso.
Es decir, que ante los tribunales, el gobierno de Suarez ratificó lo que en su momento dijo el jefe de la Policía, Roberto Munives, responsabilizando a la familia por el funesto destino de la chica, asesinada y quemada por su verdugo.
La demanda de la familia se sustentó en las negligencias del CEO, ya que un vecino del asesino llamó al 911 alertando sobre pedidos de auxilio de una joven. Sin embargo quien atendió la llamada cortó, y no envió ningún tipo de ayuda, pese a que había una comisaría a 5 cuadras.
La Policía ignoró un llamado que alertó sobre gritos de auxilio el día en que desapareció Florencia
"No hay relación de causalidad entre la omisión imputada a la Provincia en el funcionamiento regular del servicio del Centro Estratégico de Operaciones y el resultado dañoso reclamado. Nada permite generar una objetiva convicción sobre la afirmación gratuita de que el omitido auxilio (policial y médico) habría salvado la vida de la menor", dice al respecto el abogado del gobierno, Ricardo Canet.
Desde el principio el gobierno de Suarez buscó responsabilizar de la cadena de desinteligencias sólo a la agente que atendió el llamado, a la que apartó del cargo. Las acusaciones de Munives a la familia fueron presentadas en los medios como una responsabilidad exclusiva del jefe policial.
Sin embargo, en la presentación del letrado del gobierno se confirma que para la administración de Suarez la familia tiene "el 50%" de la culpa del femicidio. La otra mitad es del asesino. El Estado nada tuvo que ver, según el escrito. Lo mismo había argumentado Suarez poco después del crimen.
“Es de destacar que no figura en le expediente qué hicieron los padres para aconsejar a su hija sobre los conocidos peligros de relacionarse con terceros sospechosos, por internet y máxime, concurriendo a lugares inseguros”, apunta Canet en nombre del gobierno.
Hay más: "La autoría material debiera imputarse a la conjunción de la culpa de sus padres y al accionar doloso del autor principal, que resulta un tercero por el cual no responde la Provincia", apunta el letrado de Suarez.
