El SUTE y SADOP (docentes y celadores), UPJCM (juegos y casinos), SITEA (administración central y salud), Autoconvocados del Hospital Central y PROMESA (profesionales de la salud disidentes dentro de AMPROS), ATE (salud, administración central, entes de control entre otros), CTA, ATSA (salud), SIPES (estatales) y APEL (empleados legislativos) son algunos de los gremios de trabajadores estatales de Mendoza que esta semana vuelven a las huelgas, asambleas y manifestaciones en la calle por los salarios de pobreza que paga Rodolfo Suarez.
El paro es por tres días y tiene la modalidad de retención de servicios y ausencia en los lugares de trabajo, pero también habrá asambleas, piquetes y una gran marcha donde, se espera, confluyan los trabajadores este 10 de junio otra vez frente a Casa de Gobierno.
La huelga es la segunda en menos de dos semanas por la pauperización salarial a la que han sido sometidos los trabajadores del sector público en Mendoza, frente a una indolencia del Ejecutivo, que ya prometió decreto para todos para ejecutar las subas en el caso de que, como el SUTE, rechacen la oferta oficial de la paritaria.
En el caso de los maestros, que vienen de un paro inédito y a pesar del castigo en el salario que significa el ítem aula, el Gobierno ejecutó un plan de propaganda para enfrentar a las familias con los huelguistas.
Suarez y Thomas buscan enfrentar a las familias contra los maestros y apretar con los descuentos
En el Sur, hacia donde José Thomas, director de la DGE, viajó este fin de semana para demonizar el paro, un grupo de maestros lo esperó a la salida de un canal de TV exigiéndole que reabra la paritaria.
Con ATE, en cambio, el plan de persecución incluyó la detención de su principal dirigente, Roberto Macho, en plena paritaria. Un hecho que recibió el repudio unánime del mundo gremial, pero el aval explícito del jefe de los fiscales, el cornejista Alejandro Gullé.
Para el resto de los estatales que protestaron en la multitudinaria marcha del 26 de julio hubo multas.
La previa de esta nueva huelga fue sazonada con un ataque directo del Gobierno contra el paro. En particular, buscó desacreditar al sindicato llamándolo "kirchnerista" -ignorando el enojo de muchos maestros inclusive autoconvocados, que pelean en las calles desde junio- y acusando a quienes hacen paro de tener "un profundo desprecio por la presencialidad".
