Antes, durante y después de la contundente huelga de trabajadores estatales, el Gobierno profundizó su política de persecución de quienes protestan por los salarios de pobreza que paga la administración de Rodolfo Suarez. Este martes sumó un nuevo capítulo con la detención de cuatro referentes de ATE: Roberto Macho, Adriana Iranzo, María Rosa Gaete y Graciela Navarro.
Fue después de que el Gobierno los acusara de obstruir el tránsito con cortes de calle en reclamo de salarios que permitan a los estatales superar la línea de pobreza.
"Expresamos un profundo rechazo a este nefasto accionar del gobierno de Rodolfo Suarez, como respuesta a la contundente Asamblea General de delegados y congresales del Frente Estatal, que realizamos hoy en el Hospital Notti, la cual decidió redoblar y continuar con las medidas de fuerza que llevamos adelante en cada lugar de trabajo, calles y rutas de la provincia de Mendoza, desde hace más de 50 días", señaló el gremio
ATE refirió que, además de las citaciones y detenciones, el Gobierno ejecutó descuentos de 19.000 pesos en los salarios a quienes participaron de la huelga y las protestas.
"Repudiamos todo acto de criminalización de la protesta social y exigimos al gobierno mendocino el cese en el intento de detención a quienes se manifestaron. De igual manera, es necesario que den respuestas inmediatas a los reclamos que mantienen hace más de un mes. Es su responsabilidad garantizar condiciones de vida dignas para todos, pero están haciendo lo contrario", señaló el secretario Adjunto Nacional, Rodolfo Aguiar.
La detención de Macho fue tras no haberse presentado a declarar este lunes por los cortes de calle. También fueron citados Roberto Podio, Juan Manuel San Martín Luna, Mario Eugenio Alcaliz, Patricia Irutia, Romina Castro, Manuel Orellana y Daniel Quintero.
Días atrás, Raquel Blas, líder del gremio disidente SITEA, fue imputada judicialmente por la misma razón: protestar en las calles. "Terrible el nivel de autoritarismo de este gobierno que a esta altura ha perdido el honor de llamarse democrático", apuntó la gremialista.
En tándem, el intendente Ulpiano Suarez mandó a multar a ATSA, AMPROS, CTA y al SUTE por la multitudinaria marcha del martes 26, y ATE por cortar el tránsito y quema de cubiertas también en el marco de estas protestas.
Persecución contra los maestros
Las detenciones, imputaciones y multas de las últimas horas se enmarcan en la línea de acción que siguen Cornejo y Suarez contra los que protestan contra sus políticas.
Uno de los antecedentes cercanos fue la persecución policial y judicial contra los vecinos y asambleístas que de a miles salieron a las calles y rutas en 2019 y 2020 en defensa de la 7722. Para muchos de los referentes de estas protestas hubo denuncias a imputaciones, e incluso la acusación de "privación ilegítima de la libertad".
Como la última huelga fue especialmente contundente en las escuelas, fueron esta vez con énfasis contra los maestros.
Suarez respondió con un amplio dispositivo de persecución y vigilancia a los docentes que hicieron huelga. Antes del paro, prohibió las asambleas en las escuelas, durante el paro desplegó policías para requisar las trafics donde se trasladaban los docentes y celadores que venían a la Capital, y después del paro usó agentes policiales para recolectar información acerca de quiénes se adhirieron a la huelga.
El dispositivo se replicó con otros trabajadores del Estado, pero fue contra los docentes donde se aplicó con mayor ahínco, a sabiendas del impacto que tendrían las aulas vacías para una administración que se jacta de someter a ese sector con el rigor del ítem aula, un castigo en el salario con el cual Alfredo Cornejo pulverizó las huelgas entre maestros.
