La descripción de la "ruta de la impunidad", a través de ocho pasos, que desarrolló la legisladora radical por Mendoza fue publicada por el diario La Nación.
Por Laura Montero*
Para La Nación
Si hay algo que quedó en claro a través del oscuro entramado de hechos que se desencadenaron, desde la licitación de la obra pública en Santa Cruz hasta los depósitos millonarios de cuentas en el extranjero, es la ausencia absoluta de control estatal. Esto queda claramente expuesto si se sigue el proceso de la ruta del dinero en el caso Báez y sus socios K.
Paso 1: Cualquier empresa que quiera trabajar lícitamente en la Argentina debe pasar por la Inspección General de Justicia (IGJ). Este organismo está actualmente a cargo de Luis Rodolfo Tailhade, que responde a Eduardo "Wado" De Pedro, uno de los jefes de La Cámpora. Es bueno recordar que Tailhade eliminó el acceso del público al expediente de las sociedades vinculadas al caso Ciccone.
Paso 2: En la etapa de contratación de obra pública a cargo del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza de Julio De Vido, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) son las responsables del control interno y externo, respectivamente, de la administración de los fondos públicos. La Sigen, a cargo del tristemente célebre Daniel Reposo, no sólo no ha reportado irregularidades, sino que omite actualmente dar cualquier tipo de información que se le solicite. Mientras, la AGN, a cargo de Leandro Despouy, ha reportado un sinnúmero de casos de sobreprecios en la contratación de obra pública.
Paso 3: Cualquier ciudadano sabe que el más mínimo movimiento contable cae bajo la supervisión de la AFIP, que dirige Ricardo Echegaray, quien curiosamente fue abogado de la empresa Gotti SA entre 2000 y 2001, constructora que luego fue adquirida por Báez. Ni la AFIP de Río Gallegos, a cargo de la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, ni la AFIP de Buenos Aires, a cargo de Andrés Vázquez, el funcionario que ordenó el operativo con 200 inspectores contra el Grupo Clarín en 2009, actuaron, a pesar de que personal de la AFIP había informado sobre facturas apócrifas.
Paso 4: En la etapa del transporte de dinero "negro" debieron intervenir la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad, de Nilda Garré; los controladores aéreos (indirectamente bajo responsabilidad del ministro de Defensa, Arturo Puricelli) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), del Ministerio del Interior y Transporte, cuyo titular es Florencio Randazzo. ¿Ningún escáner registró las bolsas de dinero que se transportaban?
Paso 5: La Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida por José Sbatella, en jurisdicción del Ministerio de Justicia, de Julio Alak, tiene la obligación de denunciar a la Justicia cualquier tipo de operación sospechosa. A pesar de haberse librado varios ROS por los movimientos de cuentas de las empresas de Báez, ninguno fue tenido en cuenta.
Paso 6: No reportaron nada ni la Comisión Nacional de Valores (CNV), a cargo de Alejandro Vanoli, ni el Banco Central, a cargo de Mercedes Marcó del Pont. Ellos deben ser custodios del normal funcionamiento de sociedades que operan en bolsa o en el mercado financiero.
Paso 7: En el ámbito judicial, el peso cae sobre la procuradora Gils Carbó, quien tiene a su cargo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos( Procelac). La pregunta es: qué hicieron para promover el accionar de la Justicia frente a cualquier sospecha y qué están haciendo para investigar a Báez y a los Kirchner.
Estos siete pasos parecieran demostrar que los Kirchner y sus socios han tejido un entramado de "licencias" para evadir, cooptando los organismos de control. El paso 8 es el más codiciado: el control de la Justicia, para que nadie los juzgue y lograr impunidad.
*Laura Montero es senadora nacional por el radicalismo de Mendoza.
