Documento en apoyo a Nora Moyano

Asambleístas de todo el país repudiaron la persecución judicial contra los defensores del agua en Mendoza

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Nora Moyano (al centro) una de las asambleístas perseguidas por la troupe de fiscales y jueces que responde al oficialismo.

Asambleístas y defensores del agua de todo el país se pronunciaron en un comunicado en apoyo a Nora Moyano, de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, "contra su criminalización y asedio judicial" a la que es sometida por fiscales y jueces afines al oficialismo desde diciembre de 2019.

Fue después de que el fiscal Juan Ticheli reafirmara la acusación en su contra y negara el sobreseimiento en la causa en la que se la acusa por “privación ilegal de la libertad” de los miembros de la Cámara de diputados el día en que se trataba ley del cianuro impulsada por Rodolfo Suarez.

Ticheli -quien también firmó otras causas contra ambientalistas en esos agitados días de diciembre- fue pieza central para que la jueza Patricia Alonso rechazara, en 2021, el pedido de la defensa de Moyano para que se declarara nula la causa, con lo cual ordenó que siga imputada y se la siga investigando.

Moyano fue una entre miles de mendocinos que el 17 de diciembre de 2019 participó en Mendoza de una de las protestas históricas en defensa del agua.

Las Asambleas por el Agua en alerta: aseguran que en Cerro Amarillo usarán xantato y otros tóxicos para extraer el cobre y que viola la 7722

Tras un día de tensión en la Legislatura por el intento de derribar la Lay 7722, los legisladores tuvieron que salir escoltados por Infantería. En la calle, sobre Patricias Mendocinas, vecinos y ambientalistas protestaban por la avanzada del lobby minero, en una de las jornadas que luego fue tapa de diarios en todo el mundo como parte de la llamada "pueblada del agua".

Por esa manifestación, una troupe de fiscales que responden al oficialismo iniciaron causas contra asambleístas y vecinos, en un intento de desalentar las protestas. Al mismo tiempo, el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, y el recién asumido como gobernador, Rodolfo Suarez, blandieron el Código de Convivencia para multar y perseguir manifestantes.

El fiscal Juan Ticheli le puso la firma a varias causas contra asambleístas que defendieron en las calles la 7722.

Este es el comunicado de las asambleas nucleadas bajo el nombre  Asambleas contra las Rutas del Saqueo:

El pasado 31 de octubre, el fiscal negó el sobreseimiento a Nora Moyano, en la causa que se le imputa “privación ilegítima de la libertad” de legisladores, e “instigación a la violencia”. El fiscal, además, busca ampliar las acusaciones en un claro e inverosímil caso de criminalización de la protesta.

 

Los hechos por la imputación se remontan al 20 de diciembre de 2019, cuando recién asumido Rodolfo Suárez impuso a puerta cerrada la Ley 9209 bautizada como “Ley Cianuro” derogando la Ley 7722 conocida como la “Ley Guardiana del Agua”, que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas en el proceso de minería metalífera.

 

El rechazo masivo en todos los rincones de la provincia llevó a miles de manifestantes a movilizarse durante 10 días en un hecho histórico. Durante la protesta frente a la legislatura, se imputaron a varias personas entre ellas a Nora Moyano, por entonces con 68 años, por bloquear la salida de los legisladores quien aún sigue imputada.

 

Aquel día de diciembre de 2019 eran miles de autoconvocados en defensa de la Ley 7722 en las calles, sin conocerse, unidos en una misma causa, sin embargo, se acusó solo a algunos de secuestro de los legisladores dentro del recinto. como caso testigo de disciplinamiento para todos los defensores del agua y su Ley guardiana.

 

Se dice que la compañera incitó a la violencia, pero violencia es entregar los bienes comunes a las empresas del saqueo extractivista, aboliendo incluso la Ley del Pueblo, sin defender la vida de los mendocinos. Violentos son los funcionarios de los gobiernos que hacen y deshacen sin consulta popular. Por este hecho, forzando la interpretación del delito, se busca “disciplinar, amedrentar y criminalizar” a quienes lograron mandar a la basura la Ley Cianuro, con la revancha de la persecución política. A tres años de esta resistencia del pueblo mendocino, el lobby minero y el gobierno provincial vuelven al ataque nuevamente contra la ley Guardiana del Agua, buscando la zonificación minera en Malargüe y la modificación para permitir “algunas” sustancias prohibidas para la extracción metalifera.

 

#Los pueblos están de pie!,

#El Agua de Mendoza no se negocia! #si tocan unx nxs tocxn a todxs! #Solidaridad con quienes defienden los bienes comunes!

23 de diciembre de 2019 frente a Casa de Gobierno, una multitud contra la ley del cianuro de Suarez.
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