Junto a la denuncia pública, el presidente y director general de AP, Gary Pruitt, envió una carta de protesta al secretario de Justicia. Obama se lavó las manos.
La agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP) denunció que por lo menos veinte de sus periodistas fueron espiados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y calificó el hecho como una "intromisión descomunal y sin precedentes". El hecho tendría que ver con la revelación de la agencia sobre una operación de la Agencia de Investigación (CIA) en Yemen para abortar un plan terrorista.
Según la agencia, los registros obtenidos por el Departamento de Justicia incluyen las llamadas hechas desde los teléfonos de trabajo y personales de reporteros, desde los números generales de las oficinas de AP en Nueva York, Washington y Hartford, Connecticut, y desde el número principal de AP en la sala de prensa de la Cámara de Representantes, según los abogados de la compañía. No está claro aún si los registros también incluyeron las llamadas realizadas a esos teléfonos o su duración.
En total, el gobierno obtuvo los registros de más de 20 líneas telefónicas asignadas a la AP y sus periodistas en abril y mayo de 2012. No se conoce el número exacto de los periodistas que usaron esas líneas telefónicas en ese período, pero más de cien periodistas trabajan en las oficinas cuyos registros telefónicos fueron solicitados, en una amplia gama de noticias sobre el gobierno y otros asuntos.
Junto a la denuncia pública, el presidente y director general de AP, Gary Pruitt, envió el lunes una carta de protesta al secretario de Justicia, Eric Holder, en la que expresó que el gobierno solicitó y obtuvo información que va mucho más allá de lo que cualquier investigación en específico puede justificar. Pruitt exigió la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias.
"No puede haber justificación posible para un acopio tan amplio de comunicaciones telefónicas de The Associated Press y sus periodistas. Estos registros potencialmente revelan comunicaciones con fuentes confidenciales en todas las actividades noticiosas de AP durante un período de dos meses, ofrecen un vistazo a las operaciones de recopilación de información de AP, y revelan información sobre las actividades y operaciones de AP que el gobierno no tiene derecho imaginable a conocer'', se quejó Pruitt.
Según AP, funcionarios del gobierno habían expresado previamente en testimonios públicos que el fiscal federal en Washington realiza una investigación penal sobre quién puede haber entregado información contenida en un despacho de la AP del 7 de mayo de 2012 sobre un plan terrorista abortado. El despacho revelaba detalles de una operación de la CIA en Yemen que desarticuló un plan de Al-Qaeda el año pasado para detonar una bomba en un avión que se dirigía a Estados Unidos.
Entre los números telefónicos obtenidos por el gobierno están los de cinco reporteros y un editor vinculados con el despacho del 7 de mayo de 2012.
En un testimonio rendido en febrero, el director de la CIA, John Brennan, dijo que el FBI le había preguntado si él era la fuente de AP, y que él lo negó. Además, afirmó que la filtración de información a los medios sobre el plan terrorista era una "revelación no autorizada y peligrosa de información secreta".
Según expresaron los abogados de la agencia, la compañía recibió el viernes último una carta de notificación del Departamento de Justicia, firmada por Ronald Machen, fiscal federal de Washington, en la que se explicaba que los registros se obtuvieron mediante citatorios judiciales.
El gobierno de Barack Obama ha investigado con fuerza las revelaciones de información secreta a los medios y ha entablado seis procesos contra personas sospechosas de filtrar información secreta, más que todos los presidentes anteriores juntos.
La Casa Blanca informó el lunes que, excepto por los informes de prensa, no tenía conocimiento de que el Departamento de Justicia hubiese solicitado los registros telefónicos de AP.
"No participamos en decisiones relacionadas con investigaciones penales porque esos asuntos los maneja independientemente el Departamento de Justicia", dijo Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca.
Repercusiones
La noticia ya despertó reacciones en el arco político y en organizaciones de derechos civiles. El representante republicano Darrell Issa, presidente de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno, opinó que el gobierno "tenía la obligación de buscar cualquier otra forma de conseguir [la información] antes de entrometerse en la libertad de prensa''.
Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, dijo que "el gobierno siempre tiene que demostrar la necesidad de conocer información privada, especialmente información sobre la prensa o sus fuentes confidenciales". "Inicialmente, me preocupa que el gobierno no haya cumplido esa responsabilidad. Me preocupan mucho estos señalamientos y espero escuchar la explicación del gobierno", agregó.
Asimismo, la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que el uso de requerimientos judiciales para obtener una amplia gama de registros tiene un efecto disuasorio tanto sobre los periodistas como los denunciantes que desean revelan acciones indebidas del gobierno. "El secretario de Justicia tiene que explicar las acciones del Departamento de Justicia al público para que podamos asegurar que esta clase de intimidación a la prensa no vuelva a ocurrir", expresó Laura Murphy, directora de la oficina de asuntos legislativos de la ACLU en Washington.
El Departamento de Justicia tiene reglas estrictas que gobiernan las solicitudes de registros telefónicos de organizaciones noticiosas. Un citatorio judicial sólo puede tomarse en cuenta después que se hayan realizado "todos los esfuerzos posibles" para obtener esa información de otras fuentes, indican las reglas.
Un citatorio judicial a los medios de comunicación debe ser "tan específico como sea posible'' y "debe ser sobre información relevante de un asunto en específico y cubrir un período razonablemente limitado", precisan las reglas.
Las razones para estas restricciones, afirma el Departamento de Justicia, son evitar acciones que "puedan afectar la función de recopilación de información noticiosa", porque el gobierno reconoce que "la libertad de prensa no puede ser más amplia que la libertad de los reporteros para investigar y reportar noticias".
La noticia que provocó la intromisión
El despacho de AP del 7 de mayo de 2012 que reveló detalles de la operación de la CIA en Yemen para detener un plan que tenía como fin hacer explotar un avión comercial, se publicó cerca del primer aniversario de la muerte de Osama Ben Laden ocurrida el 2 de mayo de 2011.
El plan era importante debido a su gravedad y porque la Casa Blanca había informado anteriormente al público que "no tenía información creíble de que organizaciones terroristas, como Al-Qaeda, estén planeando ataques en Estados Unidos para coincidir con el aniversario de la muerte de Ben Laden''.
Según relataron desde la agencia, la publicación se demoró por una solicitud de funcionarios del gobierno, quienes dijeron que ponía en peligro la seguridad nacional. Una vez que los funcionarios dijeron que esas preocupaciones ya no existían, AP reveló el plan, aunque el gobierno de Obama siguió solicitando que no se publicara la información hasta que el gobierno pudiera hacer un anuncio oficial.
El despacho del 7 de mayo fue escrito por los periodistas Matt Apuzzo y Adam Goldman, con contribuciones de los reporteros Kimberly Dozier, Eileen Sullivan y Alan Fram. Ellos y su editor, Ted Bridis, estuvieron entre los periodistas cuyos registros telefónicos de mayo y abril de 2012 fueron solicitados por el gobierno.
Fuente: La Nación
