Un informe del Defensor del Pueblo de la Nación alertó en 2010 sobre el riesgo de salinización del río Grande y su entorno con la extracción de sales de potasio de la mina en Malargüe y en ese sentido exhortó a realizar un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca del Colorado.
El informe es posterior a la autorización legislativa para que un privado usará el agua del río en 2007, y que es la misma que está vigente en la consideración del Ejecutivo para avanzar en la explotación.
El Gobierno defendió este viernes en la Legislatura la entrega de la mina a una empresa del exministro menemista José Luis Manzano. En ese marco, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, remarcó que la DIA aprobada en 2007 aún está vigente y que no se modificará mientras la empresa no pida más agua o cambie la tecnología de extracción.
Para extraer el cloruro de potasio del subsuelo -que luego es usado como fertilizante en la agricultura- hay que bombear agua caliente hacia el nivel del mineral, donde se disuelve el cloruro de potasio y la mezcla de sales y esto es conducido a la superficie, donde se cristaliza.
Este proceso implica una acumulación de sales a nivel del suelo como residuo del proceso industrial a razón de 1,21 toneladas de sal por cada tonelada de potasio extraída, lo cual equivale a 3 toneladas de sal por año, según el informe del Defensor del Pueblo.
Esa sal residual ocuparían -según cálculos de entonces- una superficie de 210 hectáreas de 50 metros de alto y ese pasivo generado por la mina "podría provocar una importante salinización del entorno general y en particular del uso de agua", señala el informe citado. En ese punto remarca que el río es clave para las provincias aguas abajo: La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, atravesadas por el cauce del Colorado.
El COIRCO le informó al defensor que "la salinización pondría en riesgo la actividad productiva de 150.000 hectáreas que utilizan el agua para riego en una zona que presenta problemas de déficit hídrico".
En otro apartado indica el defensor que el riesgo no es sólo sobre la salinización del agua sino su impacto en el ambiente:
Luego menciona el informe el impacto en el uso del gas que tendrá la mina, los cuales fueron informados en ese entonces por la Secretaría de Energía de la Nación.
"El consumo energético de Potasio Río Colorado será de 1.000.000 de metros cúbicos de gas, lo cual equivale a todo el consumo de la Provincia de Mendoza y representa un tercio de las importaciones desde Bolivia".
Párrafos más adelante, el defensor apunta a la pasividad de la Nación respecto a exigirle a Mendoza precisiones sobre el impacto: "Apun cuando los efectos de este emprendimiento exceden el territorio mendocino y pueden afectar los recursos naturales y calidad de vida de otras provincias, ni la autoridad nacional minera ni la ambiental han intervenido activamente en la evaluación del impacto ambiental del proyecto".
En ese punto remarca que los estudios de impacto emitidos por Mendoza "corresponde a la situación que se corrobora en el territorio exclusivo de esa provincia".
Apunta sobre el rol del COIRCO que "no ha actuado como organismo evaluador del impacto ambiental integral del emprendimiento dado que su competencia lo limita a cuestiones vinculadas con el recurso hídrico".
