En contexto del nuevo embate minero de Alfredo Cornejo, la minera San Jorge -en manos de Solway Investment Group Limited, con sede en Suiza- movió sus fichas para activar la extracción de cobre, oro y plata en Uspallata. El expediente que se tramita en la Dirección de Protección Ambiental fue desarchivado el 18 de marzo y pasó de "guarda temporal" a "tramitación", es decir que se movieron los hilos para que salga la Declaración de Impacto Ambiental otrora rechazada en la Legislatura.
Todo indica que tal como ocurrió con Cerro Amarillo -que el radicalismo rechazó cuando era oposición- el oficialismo va a refritar el mismo expediente de San Jorge que fue rechazado en la Legislatura cuando Paco Pérez se candidateaba a la gobernación, y que desde entonces hiberna esperando mejores tiempos para instaurar la megaminería.
Desde entonces fue incesante el lobby de San Jorge para volver al ruedo. Aunque les puso freno la pueblada de diciembre de 2019, el apetito dinamitador no mermó y el nuevo impulso de Cornejo a los capitales extractivistas les presenta un escenario propicio.
San Jorge tiene un as bajo la manga: la Ley 7722 recibió una estocada de la Corte de la Nación, que declaró inconstitucional el artículo 1 donde se prohíbe el cianuro en la minería pero vagamente alude a "otras sustancias tóxicas". Para este proyecto en Uspallata se usaría xantato.
En los 10 días en que estuvo vigente la ley del cianuro de Rodolfo Suarez, los mandaderos de la minera reactivaron la DIA del proyecto, que quedó "en trámite", después pasó a "guarda temporal" y ahora volvió a aparecer "en trámite", según denunciaron en las últimas horas las Asambleas por el Agua.
La batalla por la opinión pública
El embate para imponer la megaminería metalífera en Mendoza tiene una pata legal, con la modificación de leyes y códigos de procedimiento que son un freno a las apetencias extractivistas, y una instancia de batalla en la opinión pública, donde el cornejismo apuesta fuerte a derribar a los defensores de la 7722.
En esa pelea en la arena pública son cruciales los medios masivos y su arenga por las supuestas bondades de la megaminería al tiempo que ocultan los prejuicios y antecedentes de desastres ambientales -la misma Solway ha sido acusada de diversas irregularidades, incluyendo delitos ambientales en sus operaciones en Guatemala-.
También tienen un rol central los jueces y fiscales que responden a Cornejo, hábiles para imputaciones rápidas y armado de causas contra los asambleístas, a quienes mantienen transitando pasillos de tribunales desde la pueblada de 2019.
En el ablandamiento de voluntades juega fuerte la permanente propaganda de la minería como salvadora de la economía de Mendoza, fundida y endeudada en dólares por el propio Cornejo. Los altos índices de pobreza a indigencia de esta provincia,así como los bajos salarios, son aludidos de manera permanente por los lobbistas de la minería y por sus oficiosos auspiciantes.
Por último y de igual peso en la contienda pública, el Ejecutivo asoció la palabra "minería" a "sustentable", y repite como mantra que no necesitan reformar la 7722 para hacer megaminería. Como alertó en su momento Jorge Difonso, quizás porque el oficialismo ya no necesita hacerlo porque van a violarla de hecho.
