La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata negó que los detenidos vinculados a la quema del supermercado de Edgardo Vera pertenezcan a la militancia en defensa de la Ley 7722 y contra la minera San Jorge.
Esta confusión proviene de un operativo oficial para intentar instalar que las protestas contra la minería en Uspallata se vincula a episodios de violencia que tienen que ver, en realidad, con una pelea de vieja data entre vecinos.
Referentes del oficialismo, entre ellos la propia vicegobernadora Hebe Casado, relacionan a los vecinos que se oponen a la megaminería con este episodio, y lo usan para calificarlos de terroristas.
"Negamos rotundamente que Miguel Pablo Gonzales (alias el Mostro) y Marcelo Daniel Correa Molina, formen parte de esta Asamblea", señalaron este miércoles en un comunicado. Se trata de dos de los detenidos por la quema del negocio.
"Solicitamos a la Justicia, que aporte pruebas tangibles con respecto a su supuesta pertenencia a nuestro espacio, o se retracte con respecto a la presunción de que nuestra Asamblea, es cualquier otra cosa que la expresada en este escrito; ya que, lo contrario como mínimo, puede ser tomado como una acusación informal, y falsa a todas luces, de nuestros principios", indicaron los asambleístas.
Ambos imputados por los hechos ocurridos el día 24 de enero en la zona de Uspallata, en el marco de un reclamo en contra de la actividad minera, NO PERTENECEN A NUESTRA ASAMBLEA
En el caso de ambos imputados, firman una declaración donde aceptan, sin aportar ninguna prueba, formar parte de una agrupación para la coerción ideológica, y de formar parte de nuestra asamblea; cosa que abre múltiples interpretaciones, entre las cuales se puede presumir el acuerdo para morigerar tanto las penas por los delitos sí cometidos, como para la abreviación de dicho proceso, el cual es irrefutable desde su misma forma de juicio abreviado", agregaron.
Hay otro detenido, el comerciante y vecino de Uspallata Mauricio Cornejo, a quien los fiscales buscan vincular a esta causa, y por quien Uspallata pidió su libertad con una masiva marcha este lunes por la tarde.
La estrategia de la confusión
En un doble operativo que se enmarca en el avance de la megaminería, el Gobierno de Mendoza se muestra activo en reuniones con inversores del rubro, mientras que la Justicia redobla la judicialización de vecinos defensores del agua.
"Me reuní con el embajador de Canadá en Argentina, Stewart Wheeler, para dialogar sobre la participación de Mendoza en PDAC 2025, la feria minera más importante del mundo, que se realizará en Toronto durante el mes de marzo", mostró horas atrás Alfredo Cornejo.
A mismo tiempo, uno de los vecinos de Uspallata más activos contra la minera San Jorge iniciaba su segundo día en el calabozo. Se trata de Mauricio Cornejo (de apellido homónimo pero sin relación con el gobernador), un comerciante uspallatino detenido este lunes.
Mientras Cornejo era detenido y trasladado a la Ciudad de Mendoza, al mismo tiempo se allanaban las casas de varios asambleístas que participaron en las marchas contra la mina de oro y cobre.
La Fiscalía o acusó junto a otras tres personas que no tienen relación con las asambleas, por la quema parcial de un local de Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores mineros de Uspallata. Pese a los esfuerzos del Gobierno por vincular ese episodio con la protesta antiminera, el propio Vera aclaró en una entrevista que se trata de una vieja rencilla personal y que los responsables "aprovechó el tumulto".
