La intención de la presidenta Cristina Fernández es aplicar sanciones a empresas pesqueras que operan tanto en el Mar Argentino como en aguas del Atlántico Sur o que tienen una doble estructura societaria. También, a las que presentan una triangulación de acciones que les permita explotar los recursos pesqueros en aguas argentinas y de Malvinas al mismo tiempo.
Para poner en práctica esta reglamentación de la ley de pesca, el Gobierno potenciará los controles de patrullaje en las aguas del Sur y, a la vez, realizará un profundo rastrillaje legal para determinar el estado societario de las empresas pesqueras.
A su vez, la intención del Gobierno es presionar a las pesqueras para que abandonen las aguas de las Malvinas y esto complique la vida de los isleños.
La actividad pesquera resulta gravitante en su economía porque es el mayor ingreso de las islas, donde ocupa el 60% del PBI de la economía local. Las Malvinas reciben unos US$ 40 millones anuales sólo por otorgar licencias pesqueras. Más de 150 buques de banderas de todo el mundo ingresan anualmente en las 200 millas circundantes a las Malvinas, según informa el diario La Nación.
La decisión de multar a las pesqueras cuenta con el aval de legisladores de la oposición, que desde hace varios años exigen que la ley de pesca establezca la prohibición explícita a las empresas que tienen permiso de pesca en la Argentina de tener relación económica, comercial o de beneficio con empresas o barcos que estén pescando en Malvinas sin autorización.
