El Código Procesal Penal que el gobierno de Cristina Fernández impulsa está destinado a la jurisdicción de la Justicia Federal. No tiene efecto ese intrumento jurídico sobre las causas ordinarias tramitadas por la Justicia de cada provincia.
En Mendoza el sistema acusatorio se adoptó en la reforma del CPP provincial que todavía está en marcha, demorada por la eterna disputa entre la Procuración y los Gobiernos que pasaron desde que se reglamentó la reforma de la normativa que define las reglas de los juicios en materia penal.
Luego de que la Presidenta anunciara el envío de una reforma del CCP nacional al Congreso, se difundió el texto de la iniciativa.
