Los profesionales nucleados en la organización Médicos de Pueblos Fumigados dieron a conocer un informe preliminar sobre el campamento sanitario realizado recientemente en la localidad de Monte Maíz, a 290 km de Córdoba Capital. El programa de radio Enredando las mañanas, de la Red Nacional de Medios Alternativos, dialogó sobre el informe con Darío Ávila, abogado de las Madres de Ituzaingó, que plantaron su resistencia a Monsanto.
Enredando las mañanas: -¿Podrías explicarnos qué son y cómo funcionan estos campamentos sanitarios?
Darío Ávila: -En realidad el campamento sanitario aquí en la universidad Nacional de Córdoba se canalizó a través de un programa que se llama suma 400, que es de extensión y lo lanzó la Universidad Nacional de Córdoba a partir de la celebración de los 400 años de la universidad.
Dentro de ese programa se logró incluir como prueba piloto, esta campaña sanitaria que por primera vez se lleva a cabo en nuestra provincia. Surge a raíz de una iniciativa por una inquietud que plantea concretamente el intendente de la ciudad de Monte Maíz, a partir de un reclamo de un grupo de vecinos auto convocados, una red de prevención, viendo que en su comunidad advertían la muerte de personas con graves enfermedades principalmente con cáncer y había allí una preocupación social y popular muy interesante. A partir de esa inquietud se ponen en contacto con la universidad y con la Red de Médicos de Pueblos Fumigados que está coordinado por el doctor Medardo Ávila Vázquez. Así se logra instrumentar a través del programa Suma 400, que arranca con un relevamiento epidemiológico y cuenta con la participación de profesionales y estudiantes avanzados en distintas disciplinas.
-¿Entonces se puede decir que hay una fuerte resistencia en el pueblo, que a su vez los convocan a ustedes?
-Efectivamente, en realidad son reclamos socio ambientales que de alguna forma empiezan a verse con mayor intensidad en los pueblos del interior de Córdoba y en el resto de las provincias de nuestro país a raíz de la visibilización y de la gran difusión pública que tuvo la denominada causa o juicio histórico de barrio Ituzaingó, en la cual se pudo allí poner en su máxima expresión las consecuencias sanitarias que el modelo de producción agroindustrial está generando en estas comunidades que viven en zonas netamente favorecidas por el monocultivo de soja.
Los vecinos están empezando a ver que lo que está pasando en su comunidad no difiere para nada lo que pasó y se pudo demostrar en Ituzaingó, que es la gran vinculación que existe entre la utilización de estos productos que son todos tóxicos y la aparición de las enfermedades graves.
-¿Los porcentajes que pudieron recoger son los mismos también?
-Lamentablemente para nuestra sorpresa, nos encontramos con porcentajes muy elevados, incluso superando los porcentajes del barrio Ituzaingo, por ejemplo la mortalidad por cáncer fue del 33%, en esta localidad supera el 40%, es decir que hay una situación de gravedad que coincide en cierta forma con los informes recientemente publicados por el ministerio de Salud de Córdoba, el cual advierte un crecimiento de la mortalidad por casos de cáncer en esa región que coincide con la de mayor profundidad del modelo de explotación agrícola.
-Igualmente no se logra que se prohíba como en otros lugares del mundo.
-Una cuestión que me parece importante poder reflejar, es decir que allí se han analizado distintas fuentes contaminantes que pueden estar incidiendo sobre la población. Si bien el tema de los agroquímicos aparece a primera vista, fue un informe preliminar. Es una especie de devolución que se hace una vez que se finaliza este relevamiento, pero estamos esperando los resultados finales, en el que aparece fuertemente como uno de los componentes de las fuentes principales de contaminación la utilización de agroquímicos pero lamentablemente pudimos advertir que hay varios elementos allí que pueden estar incidiendo. Por ejemplo en la localidad existe un basural a cielo abierto, el cual se sabe que el sistema de tratamiento de la basura produce la liberación de dioxinas que son altamente contaminantes. Dentro del mismo pueblo existen las empresas acopiadoras; ya se sabe que los municipios están sacando del ejido municipal los acopios de agroquímicos, las máquinas mosquitos son guardadas y depositadas y lavadas dentro de las zonas urbanas, que son fuentes de contaminación.
Hay una instalación muy importante que corresponde a la aceitera General Deheza, que son acopios de cereales, hay un fuerte componente que puede llegar a estar incidiendo en la población, lo cual además del relevamiento epidemiológico, lo hemos complementado con mapas geo referenciados con la participación de estudiantes de geografía; y también a través de investigadores del CONICET, de la UNLP (Universidad de La Plata), se han tomado pruebas de suelo, de agua y de diversas plantaciones para analizar y ver qué puede detectarse en aras de lograr una interpretación integral de cuáles son los factores que pueden estar incidiendo sobre la salud de la población.
-De esta convergencia de factores, por lo que podemos entender, salvo el basural que es histórico, son todos vinculados al modelo de producción.
-Es lo que aparece más marcado, el problema del modelo. En ese sentido en Córdoba se está avanzando, no al ritmo que uno quisiera y tampoco con la solución de fondo. Entendemos que debemos migrar hacia otro modelo de producción. Tenemos experiencia en nuestro país de verdaderos modelos de producción de alimentos, que no enferman ni contaminan a la población. Apuntamos a una urgente huída a ese modelo, mientras tanto no se dé, en la transición, estos gobiernos locales a través de distintas ordenanzas, están tomando algunas medidas y de alguna forma, van retirando las fumigaciones de acuerdo a una correlación y lucha de fuerza que se da en cada comunidad; algunos lo hacen a una distancia de 500 metros otros 1000 o 1500. Eso depende del reclamo de las comunidades. Lo ideal para nosotros es definitivamente pujar para que este modelo en definitiva sea erradicado de nuestro país, pero uno conoce que hay condicionamientos externos económicos muy fuertes que evidentemente ejercen sus lobbies para siga sosteniéndose y aun profundizándose, lamentablemente.
-En este caso una población de 8.000 habitantes pueden ejercer su presión sobre el intendente para poder lograr las medidas que estaba detallando.
-Seguro. Lo que nosotros hacemos una vez que terminamos es una devolución, nos interesa trabajar con la población, nuestra idea es acercar toda la información posible, las herramientas posibles empoderar a nuestros vecinos, hacer un correlato, hacer ver cuáles son sus derechos, las obligaciones de los funcionarios respecto de esta materia para que a partir de allí ellos analicen, se organicen y vean cual es su mecanismo más eficaz para poder preservar sus derechos. Estamos hablando de un conflicto entre derechas disímiles, por un lado vecinos que reclaman por su preservación del derecho a la salud y la vida y por otro lado fuertes presiones que defienden sus intereses netamente económicos y de rentabilidad. Frente a eso nosotros tratamos de dar la mayor herramienta posible a los vecinos para que logren preservar sus derechos.
-Los vecinos saben que es lo que los envenena pero no pueden probarlo.
-A partir que se reformó nuestra Constitución Nacional con el artículo 41, cuando se incorpora como derecho humano fundamental vivir en un ambiente sano, allí se establecen pautas en favor de los ciudadanos comunes. También el que contempla la Ley General del Ambiente que es principio precautorio, que plantea que cuando existe una actividad que se demuestra que es peligrosa para la salud o para la vida o para el ambiente en general, la falta de estudio científico no constituye un impedimento para que las autoridades adopten medidas de prevención para preservar ese derecho. De modo que si no se adoptan mecanismos de protección de la salud de los vecinos hay un claro interés de parte de los funcionarios de responder a otros intereses concretamente.
Los ciudadanos no tenemos que demostrar que una determinada actividad como son las fumigaciones afecta a la salud sino por el contrario aquí se produce a partir de estos principios generales del derecho ambiental lo que se conoce en derecho el principio de la carga probatoria dinámica y de la inversión de la prueba. Las empresas productoras de estos productos tóxicos son quienes tienen que demostrar que sus productos son inocuos y que no afectan la salud, algo que no van a poder hacer jamás. En definitiva la lucha es esa, por acercar la mayor información a los vecinos, que se reconozcan ellos como sujetos de derecho, que tienen el deber de reclamar, que estos derechos existen en nuestra Constitución, nada garantiza el respeto a los mismos, van a tener que reclamar administrativa o judicialmente y así es como van logrando modificar sus realidades; sino lamentablemente termina por imponerse el derecho económico por sobre otros derechos.
