Por Juan Manuel Mannarino
Desde San Rafael para Infojus
Entre audiencias que duran cuatro horas en una megacausa con 26 imputados y 72 víctimas, San Rafael vive el segundo juicio de lesa humanidad de su historia. Cuna del turismo en el sur mendocino, la ciudad de 200 mil habitantes saca a relucir las sombras de un pasado que lo asemeja a cualquier pueblo de provincia en cómo operó la última dictadura militar.
Pero, además, en San Rafael existió algo único en el país: un centro clandestino que funcionó en la sede de Tribunales, ante los ojos de fiscales, jueces y empleados judiciales. Los represores lo nombraban como “Casa Departamental” y tenía una estructura de tres calabozos, donde se llevaba ilegalmente a detenidos y se los torturaba. En la audiencia de este miércoles, que empezará a las cinco de la tarde –porque uno de los jueces viaja desde Buenos Aires-, se revelarán las historias de Héctor Ramón Ortiz Bellene, ex secretario de la Juventud del Partido Justicialista y delegado del SUTE, y Oscar Catalán, ex delegado agrícola. Ambos estuvieron secuestrados en “La Departamental” y luego fueron trasladados a otros centros clandestinos.
“La coordinación entre la policía mendocina y los militares fue determinante para aceitar el mecanismo de la represión, pero sin el apoyo de la justicia eso no hubiera sido posible”, dijo el fiscal Pablo Garciarena a esta agencia.
De los últimos testimonios, el de Mariano Tripiana fue uno de los más conmovedores. A su papá, Francisco, que era militante de base de la Juventud Peronista, lo llevaron detenido desde Infantería a Tribunales. A los quince días, los represores le dieron la libertad. Fue una trampa: a las pocas cuadras lo estaba esperando un grupo de tareas. La última vez que lo vieron con vida fue en los calabozos de “La Departamental”, cuando se preparaba para reencontrarse con su esposa. Francisco continúa desaparecido. “En este juicio se está revelando cómo fue el procedimiento de los represores. Primero los detenían en sede policial o en Infantería, luego los llevaban a Tribunales. Y a los que no los trasladaban luego a la ciudad de Mendoza , y desde allí a La Plata, los mataban o los hacían desaparecer. Y el método que usaron con mi viejo, de construir un simulacro de libertad, lo hicieron con muchos más”, dijo Tripiana a Infojus Noticias.
En las audiencias, que se desarrollan en la Universidad Tecnológica Nacional hace un mes, se juzgan a 26 represores -10 del Ejército y 16 de la policía mendocina- por 72 hechos entre desapariciones, detenciones ilegales, torturas, robos y otros delitos. Son, en total, 72 víctimas en cinco causas acumuladas, que incluye lo que sucedió también en localidades cercanas como Alvear y Malargüe.
Sólo los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena han pedido que declaren 120 personas, que incluyen a víctimas, testigos que declararon en la instrucción, en el juicio anterior y también nuevos testigos: se espera que, en los próximos meses, la querella acerque más pruebas testimoniales. Entre las víctimas, 68 fueron secuestradas en 1976 -catorce antes del golpe de Estado- y las otras cuatro entre 1977 y 1978.
En 2010, durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael, se condenó a cadena perpetua al ex comisario Raúl Alberto Ruiz Soppe, al ex teniente coronel Aníbal Alberto Guevara, al ex agente del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial Juan Roberto Labarta, y a ocho años de prisión al abogado de la policía Raúl Egea. Fue el primer juicio de lesa humanidad en la provincia y el puntapié tan esperado por los organismos de derechos humanos. A partir de allí, se avanzó en causas y procesos, como el emblemático “juicio a jueces” que se está desarrollando en la capital mendocina con Otilio Romano y Luis Miret en el banquillo de acusados. “Egea fue el que truchó la firma de mi viejo para simular la orden judicial de libertad. Esa es una prueba de cómo fue la connivencia entre funcionarios judiciales y los represores”, dijo Tripiana y comentó que la influencia de la iglesia en los centros clandestinos también fue clave.
Las querellas siguen pidiendo la extradición del sacerdote Franco Reverberi Boschi, que fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael. Cinco víctimas declararon haber visto a Reverberi Boschi en los calabozos de “La Casa Departamental”.
Los testimonios relatan que el cura estaba presente durante las torturas con una biblia en la mano. Y que era amigo del ex juez federal Raúl Héctor Acosta, sospechado de ser el máximo cómplice de los represores en Tribunales, y miembro de la corporación judicial comandada por Miret y Romano.
El triángulo de la represión
“San Rafael funcionó como un triángulo represivo entre represores, eclesiásticos y funcionarios judiciales, con la complicidad del poder político. Hay que entender que hubo detenciones antes del golpe militar. Mendoza es una provincia conservadora, y lo que pasó en el sur fue una prueba más de que la arquitectura de la represión fue diseñada con tiempo y que aniquiló a la militancia social y los cuadros políticos más importantes de la región”, dijo a esta agencia Gabriela Mattacotta, psicóloga del Centro Ulloa de la Secretaria de DDHH de Nación. Para Mattacotta, que asiste a los testigos que declaran en el juicio, las víctimas expresan vulnerabilidad emocional.
“La dictadura aniquiló el tejido social y las historias en San Rafael tienen un componente de extremo desamparo. La mayoría de los familiares de las víctimas sigue viviendo en la pobreza y aún no elaboraron el horror que les hicieron pasar. Estos juicios demoraron mucho en llegar, y cuesta quebrar los silencios. Ellos ahora tienen mucha expectativa en la acción reparatoria de la justicia”, agregó la psicóloga.
Además de la particularidad del centro clandestino “La Departamental”, en San Rafael también hubo otros sitios de detención como la sede del Correo Argentino, el Cuartel de Bomberos, la Radio Municipal y hasta dos bodegas estatales.
En la estructura represiva, estos lugares se sumaron a los espacios que comprobaron el estrecho vínculo entre Policía y Ejército: la Unidad Regional II de la Policía; la Brigada de Investigaciones de Zona Sur; la Infantería de la Policía de San Rafael; el D-2 de la ciudad de Mendoza; la Penitenciaría de Mendoza; el Regimiento militar de la localidad de Cuadro Nacional; y la Compañía de Comunicaciones del Ejército, entre otros. “Esto comprueba que no hubo resquicio de San Rafael ajeno a la represión. Los secuestrados eran llevados de un lugar a otro, del centro a la periferia, a luz del día. Hay vecinos que todavía recuerdan cómo bajaban a los detenidos de los camiones con la impunidad de ser los dueños del pueblo”, dijo el fiscal Garciarena.
Entre las víctimas hay estudiantes, profesionales, trabajadores de la vid, delegados gremiales, militantes peronistas y comunistas, jóvenes de veinte años, mayores de cuarenta y también niños. La amplia persecución ideológica aparece evidente en la frase que dijo un capitán del Ejército al sobreviviente Oscar Catalán cuando fue privado ilegalmente de la libertad.
-Usted es un peronista con cara de comunista, acá estamos de revolución – le gritaron los militares en su lugar de trabajo, la compañía Seguro Agrícola. Luego lo golpearon y se lo llevaron detenido.
Un intendente de facto que trabajó con Cobos
En la lista de imputados aparecen, entre otros, Hugo Ramón Trentini, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Cecilio Oseas Martinez, Juan Armando Giovarruscio, Miguel Angel Báez, Juan Roberto Labarta, Anibal Alberto Guevara y Luis Alberto Stuhldreher.
El ex intendente de facto Luis Stuhldrehe estuvo prófugo de la justicia y, en democracia, regenteó una empresa de seguridad privada. Durante el gobierno de Julio Cobos, en la gestión de Roberto Grillo como ministro de Seguridad, tuvo a su cargo la Dirección de Logística hasta 2005.
En el primer juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael, Stuhldreher logró eludir el proceso a través de artilugios jurídicos como la falta de mérito dictada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, lo que le permitió que fuera desvinculado de 20 causas que pesaban sobre él. Sin embargo, ese beneficio le fue revocado por decisión del juez Eduardo Puigdéngolas, ante una nueva denuncia en su contra que fue realizada por el hijo de una de sus víctimas, Mariano Tripiana. Ahora, en la megacausa San Rafael, Stuhldreher deberá rendir cuentas.
Por otra parte, miembros del Cuerpo Médico Forense se ocuparon de realizar las revisaciones médicas clínicas y psiquiátricas para que todos los imputados puedan seguir presentes en la sala de debate. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) filial San Rafael, su presidente Richard Ermili opinó que este nuevo juicio "además de la necesaria administración de justicia por crímenes aún impunes después de 38 años, es fundamental para consolidar un cambio cultural en una localidad moldeada por la hegemonía de medios cómplices o indiferentes". Y agregó: "Me parece que `ventilar´ los hechos terminará derribando una enorme cantidad de fábulas políticas e históricas increíblemente aún vigentes en San Rafael, y que hoy pretenden resurgir de la mano de los familiares de los represores genocidas".
Según el cronograma del juicio, las audiencias son los miércoles, jueves y viernes. Se calcula que el proceso se prolongará al menos unos seis meses. El tribunal está integrado por la presidenta Fátima Ruiz, de Capital Federal, junto a Pablo Díaz Lacava y Gretel Diamante. El cuarto juez es Marcelo Grosso. Y la fiscalía está a cargo de Dante Vega y Pablo Garciarena.
En cada audiencia, integrantes de la APDH y agrupaciones políticas y sociales hacen una jornada previa de vigilia y acompañamiento a las víctimas y sus familiares. “San Rafael cambió la cara de impunidad por la de justicia. Este juicio demuestra que la represión fue feroz y que la memoria hará que este pueblo no sea solamente una postal del turismo. Necesitamos la verdad para saber realmente qué pasó en nuestra historia y que el horror no vuelva a repetirse”, dijo Tripiana.
