Por Juan Manuel Mannarino
Para Infojus
La noche del 28 de agosto de 1975, apenas había llegado a su casa del Departamento de Guaymallén, a Juan Carlos Yanzón los militares lo tiraron al piso, lo golpearon y le vendaron los ojos. Era socialista y militaba en el sindicato ceramista de Mendoza. En el lugar se encontraban su primo Ismael Calvo, su padre Blas Armando Yanzón, y sus compañeros León Eduardo Glogowski, María Susana Liggera, y Mario de la Cruz Cisterna, entre otros. Todos fueron trasladados al Departamento de Información 2 de la policía de la provincia de Mendoza (D2), el temible centro clandestino. Allí recibió la visita de un civil que después supo se trataba del ex juez federal Luis Miret. Cuando le preguntó cómo se sentía, Juan Carlos sintió un escalofrío. Esa voz le resultó familiar: ya la había escuchado en un interrogatorio a Hugo Tomini, un compañero de cautiverio que dormía en una celda contigua.
- Y bueno, hay que aguantar –le había dicho Miret a Tomini, después de una sesión de tortura.
Yanzón declaró en la audiencia 73 del “juicio a jueces”, megajuicio con 41 imputados entre militares, policías y cinco ex integrantes del sistema judicial. Los procesados de la justicia son el destituido Miret, que fue subrogante y luego juez designado durante la dictadura, de la misma forma que ocurrió con Otilio Romano, también destituido por el Consejo de la Magistratura. A estos dos se suman otros tres ex jueces, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo, todos funcionales a los procedimientos ilegales practicados a partir del golpe de Estado de 1976. El punto común de la acusación a los cinco jueces es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos.
Para el fiscal Dante Vega el testimonio de Yanzón afianzó la hipótesis de la parte acusatoria: que los jueces, más que cómplices, fueron partícipes directos de la represión en Mendoza. “Que un juez haya estado presente en un centro clandestino no sólo es una prueba material insoslayable sino que tiene una dimensión histórica ligada a lo simbólico. La de Yanzón no fue una declaración menor porque permite confirmar testimonios previos que habían situado a Miret en convivencia con los hechos represivos. Yanzón ubica a Miret desplazándose hacia el D2, lo que significa el poder que tenía como autoridad judicial en un ámbito represivo”, explicó a Infojus Noticias.
Los abogados defensores de Miret le preguntaron en la audiencia por qué no había denunciado antes su presencia allí. “No sabía que era un delito estar ahí, y la presencia de un juez me tranquilizaba un poco”, respondió Yanzón. Lo que el testigo nunca pensó es que el juez tenía una doble cara. “A cualquiera que estuvo secuestrado, incomunicado de su familia y torturado sin saber la razón exacta de su detención, haber visto a un magistrado en un centro clandestino le significó una sensación de alivio. Por un momento, se interrumpía el control policial. Pero era peor: los funcionarios judiciales los interrogaban con un tinte más siniestro, más desconcertante”, enfatizó el fiscal.
Se refirió, también, al testimonio de Pedro Julio Torres. El sobreviviente contó que el ex juez Guillermo Petra Recabarren le hacía “interrogatorios más propios de un policía que de un defensor”. En una megacausa a la que aún le quedan meses de audiencias, Vega hizo un análisis de las pruebas acumuladas. “Estamos en un momento donde fundamentalmente se revela el rol de la justicia en esa época. El lugar de los funcionarios judiciales es importante en el contexto de la represión. Los testigos siguen exhibiendo una total coherencia con lo que declararon antes, con lo cual se revela la verdad de sus testimonios”, dijo. Explicó que, aunque la prueba más importante sigue siendo la documental, cuando un testigo como Yanzón se presenta ante el Tribunal el juicio adquiere un tinte humano. “Muchos testigos han fallecido, pero los testimonios que se presentan le dan a las jornadas un marco de vida y dinamismo, y contextualizan cada prueba material. Debo insistir en eso, porque parece algo natural y no lo es”, destacó.
Dijo que, por un lado, se inscriben en un plan represivo donde “nada es al azar”, pero por otro lado, cada uno tiene su particularidad. “Y entonces nunca uno deja de sorprenderse con las historias que cuentan –comentó- Y hay otro tema que es la credibilidad del testigo. Es muy sorprenderte verlo y confirmarlo. Hasta aquí es notoria la responsabilidad de la justicia en el secuestro, la tortura, la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada”.
Jueces defensores del régimen militar, aún en democracia
Dante Vega adelantó que, en las próximas audiencias, seguirá tratándose el período previo a la última dictadura militar. El Tribunal, explicó, está juzgando los hechos de forma cronológica y otro caso emblemático es el de Prudencio Mochi, detenido en agosto de 1975 en un operativo conjunto del Ejército y de las policías Federal y provincial en el barrio Maipú. Mochi volvía a su casa cuando le dispararon desde lejos. Intentó correr pero cayó herido en una pierna. Se despertó en la D2, donde también había otros once detenidos, algunos eran sus compañeros de militancia estudiantil.
Después de estar quince días detenido, lo llevaron al juzgado federal a cargo del juez Miret, quien blanqueó la detención ilegal con una orden de arresto. Lo acusaron de asociación ilícita, de portación de armas de guerra (“Yo nunca tuve armas, no tenía relación con las organizaciones armadas”, dijo Mochi en una entrevista a Página/12 hace unos años). Cuando estuvo a solas con el juez le informó de las torturas que había recibido, que por otra parte eran evidentes. Miret se negó a dejar constancia de esa denuncia y en cambio intentó indagarlo sobre su actividad política. “Pero yo me negué absolutamente a declarar en esos términos. Con los otros detenidos actuó en forma similar. Legalizó todas las detenciones de los que caímos antes del golpe”, precisó Mochi. Luego de la declaración ante Miret lo trasladaron a la Cárcel de Mendoza.
En la visión de Vega, la justicia mendocina fue una de las pocas instituciones que no se “ablandó” cuando ocurrió el golpe militar del ´76. En el plano ideológico, además, personalidades como Miret eran férreos defensores del régimen hasta que fueron destituidos. En sus clases decía, por ejemplo, que “los militares vinieron a poner orden a una sociedad caótica y con pérdida de valores”. Era titular de la cátedra de Filosofía y Ética en la Universidad Nacional de Cuyo y el Consejo Directivo de la facultad lo defendió hasta la revocación.
“Para tener un parámetro histórico, hay un número notable de ejecuciones y desapariciones desde 1966 hasta el 25 de mayo de 1973 que es cuando asume Héctor Cámpora. Y desde el ´74 la inteligencia policial mendocina prepara el terreno para el golpe. Hubo un progresivo endurecimiento de las condiciones de detención porque las instituciones son avasalladas. Pero, curiosamente, el poder judicial es parte del plan represivo, al menos ciertos jueces y fiscales que ocupaban cargos fundamentales. Y lo que se devela es una sistematicidad del horror con la pérdida total de los derechos y las garantías. La justicia tuvo mucho que ver con esa tarea minuciosa, de consenso ideológico construido en acciones como no investigar casos de detenciones ilegales, no dar lugar a hábeas corpus o, directamente, avalar la detención ilegal y la vejación”, concluyó el fiscal.
