Con los votos de sus aliados, el oficialismo aprobó en el Senado y convirtió en ley las modificaciones del Código Contravencional para arrestar a quienes hagan reuniones en sus casas durante la pandemia. La norma estipula arresto de entre 15 y 30 días o trabajo comunitario desde 60 hasta 80 días para quienes hagan reuniones privadas, y en caso de reincidencia la sanción se elevará al doble de su mínimo y máximo.
También estipula que las reuniones familiares podrán realizarse de hasta un máximo de 10 personas con parentesco "en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción o la afinidad, hasta el segundo grado en línea ascendente, descendente o colateral. Dichos encuentros podrán realizarse sólo los días domingos de 11 a 19".
De esta manera el Ejecutivo profundiza una línea de castigo que inició cuando arrancó la cuarentena, con episodios de desborde policial multiplicados, y se mantuvo hasta incluir una denuncia penal contra una de las personas que enfermó.
Cuando anunció el envío de la ley, Suarez dijo: "Uno de los contagios se dio porque tomaban cerveza del mismo pico, me indigna. Hay que denunciar, hay que señalar a la gente que no va con el tapaboca, ponemos toda la fuerza policial y de salud pero hay que señalar a los que no incumplen”.
Mercedes Rus, senadora de la UCR, dijo que "lo que el gobernador quiere lograr con esto es que tenga un efecto disuasorio mayor". Otro defensor del encarcelamiento de quienes se reúnan en sus casas fue el senador Pablo Priore: "Creo que es necesario este tipo de herramientas para el Poder Ejecutivo. La vamos a acompañar desde el bloque Pro. Es una medida acertada que lleva a generar conciencia para la ciudadanía". También apoyaron el pastor Héctor Bonarrico y lo propio hizo el bloque Socialista: "Creemos que el Gobierno tiene que tener herramientas para controlar lo que ocurre actualmente", destacó el senador Fernando Alin.
En contra de los encarcelamientos
Alejandro Abraham, del PJ, subrayó: "Nos encontramos con un proyecto que es controversial. Tenemos situaciones complejas en este tema, lejos de simplificar las cosas se generará un disturbio judicial que le impida dar un mensaje a la sociedad. Me parece que desde el punto de vista legal este proyecto no podría prosperar".
"Lejos de simplificar las cosas vamos a generar un disturbio judicial de proporciones. Un juez de falta no tiene atribuciones para allanar domicilios. En la práctica se lo va a tener que pedir a un juez de garantías. Se pueden quedar los policías afuera esperando que terminen las reuniones. Es impracticable. Viene Juan Pérez, le hace una denuncia al juez de faltas que en la casa de Pedro hay una reunión clandestina. El juez de faltas toma conocimiento. ¿Qué hace? ¿No dice nada, comunica el proceso? ¿Lo comunica y sigue? ¿Lo comunica y delega la competencia porque se trata de un delito? Son dos procesos por el mismo hecho. Hay muchísimas situaciones".
Siguió Abraham: "Es totalmente inconstitucional. Como ley contraviene los derechos elementales. No deberíamos seguir siquiera con el tratamiento de este proyecto".
Luego comparó la distinta vara con la que actuaron la policía y el Ejecutivo en el caso de la represión contra los empleados municipales de Capital y quienes se manifestaron el sábado en la Peatonal arengados por dirigentes de la UCR y el PRO: "Pareciera ser que para los opositores hay una forma de aplicación de la ley, y para los otros casi que les pagaron viáticos para que fueran al banderazo"
Se opusieron también el senador Lautaro Jiménez (FIT) y Marcelo Romano, del bloque Protectora.
Jiménez remarcó que "supuestamente hay un anhelo disuasorio". "Tratar de responder a un problema de tipo sanitario con una estrategia que no tiene que ver con lo sanitario. Incluso si se hace con la mejor fe, se pone en discusión si es efectivo o no. Uno de los grandes problemas que ha tenido la provincia es encontrar los nexos epidemiológicos. Si uno por decir dónde estuvo con quien estuvo se le puede imputar un delito, lo que puede terminar pasando es que la persona enferma no diga la verdad".
"En el terreno político y la capacidad punitiva del Estado no tenemos duda la discrecionalidad con la que se va actuar en base a como ya se viene actuando durante la emergencia y cómo se vienen aplicando las leyes vigentes, en este caso el 205 del Código Penal, que para aquellas reuniones que resultan molestas para el gobierno porque se encara un reclamo, como fue el caso de los municipales de Capital,ahí se aplicacon todo el rigor y más allá del rigor, porque se aplica violencia institucional contra dirigentes sindicales y trabajadores. Sin embargo pocos días después ellos convocan a una reunión, lo hacen a bandera desplegada en Mendoza y todo el país y no tienen problema de pasar por encima de todas esas recomendaciones y órdenes. Allí el Ministerio Público Fiscal actúa con parcialidad que no es aislada, dudosa ni sospechosa, es sistemática", detalló Jiménez.
Remató: "Es decir, aquellos que tengan un signo opositor les va a caber toda la persecuciondel aparato judicial y puntivo del estado, aquellos que tengan un color oficialista van a ser encubierto. Así han sido las declaraciones de la fiscal Gabriela García Cobos, que no tiene problemas en identificar diputados opositores, como en el caso del senador Romano, y en este caso donde salían los opositores participando del banderazo, con fotos, ella dice 'es muy difícil identificar'".
