El oficialismo avanzó este miércoles con la idea impulsada por Suarez de crear un Consejo Económico, Social y Ambiental, que no será vinculante, y que la oposición advierte como una manera solapada de avanzar con la megaminería. La Cámara de Diputados de Mendoza le dio media sanción y ahora pasó al senado.
El PJ, parte del PD, el FIT y Protectora se opusieron al proyecto. Lo apoyó el Frente Renovador.
La iniciativa oficial se enmarca en un contexto en el que los empresarios de Mendoza le pidieron al mandatario que avance con el recorte de sueldos a estatales e insistieron con el avance de la minería en Mendoza como forma de salida a la pandemia. Lo propio hizo el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien insiste en una excepción de la Ley 7722 para avanzar con la megaminería con cianuro en ese departamento.
La pueblada de diciembre -que derribó la ley del cianuro- hizo replantear la retórica del oficialismo sobre la egaminería. Suarez admitió que pensó que el 52% de los votos era respaldo suficiente para imponer la minería. cinco meses más tarde, en su discurso frente a la Asamblea Legislativa, optó por hablar de "inteligencia colectiva" y ese fue el marco en el que habló de la “necesidad de ampliar los horizontes productivos”, expresión con la que reemplazó a la “matriz productiva”, que usó en la época en que impulsaba los proyectos megamineros.
Lo que no pudo hacer Suarez por oposición de los miles de mendocinos que salieron a las calles en diciembre cuando quiso imponer la Ley del Cianuro y derribar la Ley 7722 es lo que le solicitan ahora amplios sectores empresarios como “salvataje” por la crisis que ocasiona en las economías de todo el mundo el avance del COVID-19.
La oposición -que planteó su propia iniciativa en despacho de minoría- hizo hincapié además en la burocracia que se necesitará para echar a andar el consejo propuesto por Suarez, y consideraron que es extemporáneo en el contexto de pandemia y economías en crisis.
"Planteamos modificaciones en las estructuras basados en la posibilidad de que participen las estructiras obreras y las universidades, así como otros sectores -señaló Liliana Paponet, del PJ-. Queremos aclarar que la realidad que atraviesan las y los mendocinos es bastante dura, que necesitamos buscar soluciones efectivas y rápidas.- Muchos sectores como trabajadores de la salud la policía, no están cobrando sus aguinaldos".
La innecesaria creación de un ente para estatal, sin representación democrática, fue el eje de la crítica que postuló la diputada demócrata Mercedes Llano.
Burocracia paraestatal en vez de consulta popular
"La naturaleza del órgano no responde a una demanda concreta que es abrir los espacios de decisiones públicas a la ciudadanía. Debería ser ad honorem, sin erogaciones que puedan desvirtuar este órgano o crear incentivos materiales que puedan degenarar su accionar. Es un órgano de carácter corporativo sin legitimidad democrática y republicana. Tenemos dudas de cómo se van a seleccionar sus miembros ¿No hay riesgo de colonización de ese ´órgano?", arrancó.
El presidente y vice de ese consejo, puntualizó Llano, serán elegidos por el gobernador y el ministro de Gobierno. "¿Qué legitimidad tienen? Deberían ser electos por el pueblo. No queremos crear una superestructura que después no se pueda desmontar. Si realmente se quiere apuntara la democracia participativa se pueden impulsar otros institutos que expresen la voluntad popular y no corporativa, como es la consulta popular",
"De este consejo no puede salir nada favorable para los trabajadores y las mayorías -sostuvo Mailé Rodríguez (FIT)- Un consejo integrado por las corporaciones, por las patronales, por la iglesia, por las cámaras empresarias... No vamos a acompañar este despacho. No se ha respetado siquiera la representación política. Lo que se busca es un consejo de consensos que no va a traer nada favorable para las mayorías".
Protectora tampoco aprobó el proyecto enviado por Suarez. Señaló Mario Vadillo: "Es un consejo creado para volver con el tema de la minería extractivista y contaminante. Cuando vemos que aparece Irrigación en el consejo, y aparecen los inspectores de cauce de riego, que el año pasado quisieron expropiar los derechos de riego denuestros finqueros, de vuelta vienen a por eso también. Quieren cambiar la matriz productiva de Mendoza y parte de eso va a ser el manejo del agua de Mendoza para las grandes empresas y no para los productores".
