Denuncia de la AGN

Caputo y Bausili perdieron más de 1.000 millones de dólares del Banco Central en operaciones con derivados del oro

La pérdida por la "timba" del BCRA en manos del socio del ministro de Economía de Javier Milei fueron expuestas por Olmos, presidente de la Auditoría.

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Luis Caputo y Santiago Bausili.

La Auditoría General de la Nación (AGN), a cargo de Juan Manuel Olmos, evaluó los estados contables de 2025 del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El documento aprueba el balance general, pero advierte sobre una pérdida operativa de 1.023 millones de dólares por transacciones de derivados respaldadas en oro.

El procedimiento de revisión institucional llevado a cabo por la AGN concluyó el análisis técnico formal de los registros presentados por el BCRA al cierre del 31 de diciembre de 2025. Según los lineamientos del dictamen oficial emitido, la situación patrimonial expuesta por la autoridad monetaria nacional resulta razonable en sus aspectos técnicos y cumple con los parámetros vigentes de registración.

Dentro de la estructura del balance, el reporte detalla la situación de las reservas físicas de oro. Estas tenencias, adquiridas durante las gestiones de Alfonso Prat Gay y Mercedes Marcó del Pont, registraron un incremento en su valuación. El documento asienta una ganancia patrimonial de 8 billones de pesos en el ejercicio 2025, explicada exclusivamente por la suba internacional del precio del metal en los mercados de referencia.

Operaciones derivadas y cancelación financiera

El informe de la AGN introduce un señalamiento particular sobre el manejo de las reservas por parte de la actual administración. Durante el año 2025, bajo la gestión de Santiago Bausili, el BCRA concretó un esquema de operaciones de derivados liquidables en moneda extranjera. El objetivo de estas maniobras en el mercado fue la configuración de un sistema de cobertura.

El diferencial pasivo generado por este resultado fue cancelado mediante el pago de divisas. El documento aclara que, al concluir el ejercicio auditado, las posiciones financieras abiertas por este concepto ya no existían.

Para ejecutar estas transacciones, la entidad monetaria utilizó una proporción del oro físico existente como bien subyacente de respaldo. Las cifras consolidadas en los estados contables indican que el resultado de estas operaciones de riesgo arrojó un saldo negativo final de 1,5 billones de pesos, suma equivalente a una pérdida de 1.023 millones de dólares.

La síntesis del presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, establece que la operatoria consistió en transacciones financieras donde el BCRA especuló con una trayectoria determinada para el precio internacional del oro. Al errar el cálculo de proyección en los mercados, el resultado asentado en las registraciones contables materializó la caída superior a los mil millones de dólares.

Desde el punto de vista histórico de las auditorías practicadas sobre el BCRA, el titular del organismo destacó un dato comparativo. Hasta la emisión de este informe, nunca se había utilizado una magnitud similar de reservas físicas de la entidad matriz para transitar transacciones de riesgo financiero como las operaciones de derivados mencionadas, las cuales concluyeron con el perjuicio a los saldos institucionales.

Movimientos del oro físico

Además de la revisión de los estados contables globales, la AGN se encuentra en pleno desarrollo de una auditoría específica focalizada en la gestión operativa de las reservas físicas de oro por parte del BCRA.

El objetivo de este próximo informe es determinar las razones institucionales que motivaron la decisión de trasladar el material hacia el exterior del territorio nacional. La revisión busca especificar el destino geográfico final del envío y detallar si la operación reportó algún beneficio específico para el país o, en su defecto, qué partes del circuito resultaron beneficiadas.

Este informe secundario ya finalizó su etapa de elaboración primaria y se encuentra desde hoy en la sede central del BCRA. Las autoridades disponen del documento oficial para efectuar el descargo administrativo correspondiente antes de la publicación de las conclusiones definitivas.

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