Por Cecilia Osorio
Especial desde Buenos Aires para EXPLÍCITO
“He estado en San Rafael en varias oportunidades, donde hay una espacio de recordación de los 36 desaparecidos sanrafaelinos. Hubo amenazas de bomba en el establecimiento donde yo iba a hablar, rompieron las placas recordatorias el día anterior a que yo fuera… hay un sector de intolerantes que proceden a hacer esas cosas. En este caso hablaban los maestros, a los que entiendo sinceros y merecían que intercediera. Sé que tuvo repercusión, no del Gobierno, pero sí de los maestros”.
Con estas palabras Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, aseguró a EXPLÍCITO haber sido testigo de la persecución ideológica y discriminación en escuelas de San Rafael, como reportaron en una carta organismos de Derechos Humanos, que ella reenvió a Francisco Pérez.
A la denuncia que recibió -firmada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Liga Argentina por los DDHH filial San Rafael y el Grupo de Educadores Populares Aldabón/Nodo de Abuelas de Plaza de Mayo-, Carlotto añadió su propio pedido para que “cese la violencia institucional en la Escuela Normal N° 9-003 de San Rafael y la persecución ideológica”.
“Un gobierno tiene todas las responsabilidades, es el Estado con su poder el que administra las decisiones para beneficio de su pueblo. El pueblo tiene sus propias obligaciones como cumplir con las leyes y no transgredirlas”, apuntó la abuela del nieto recuperado número 114, dirigiéndose al Ejecutivo mendocino por la falta de respuestas a estas situaciones.
“Lo hago con la mejor onda”
Carlotto aclaró sobre la misiva: “Conozco al gobernador, sé que es una persona de buenas intenciones. Todo lo hago con la mejor onda”, sin soslayar las tres bajas administrativas de docentes militantes de DD.HH., “que se atrevieron a denunciar en los últimos años, los graves atropellos de las autoridades de dicha Institución”.
Se trata de Sergio Pérez (de la APDH San Rafael), Anahí Sánchez Campoo y Sergio Villar (estos dos últimos del nodo Abuelas de San Rafael), quienes participaron activamente, por ejemplo, para dar de baja al aumento de la cuota de la cooperadora, que dejó a muchos alumnos fuera de la posibilidad de estudiar en esa institución pública. Los tres profesores son férreos defensores de los Derechos Humanos y por eso los organismos entendieron que era propicio reportarle los hechos a la presidenta de Abuelas.
En el caso aparece vinculado el Juez de Faltas de San Rafael Oscar Clemente De Diego, a quien estas entidades han solicitado destituir por presunta “represión contra una asamblea estudiantil” en el instituto de preparación docente que funciona en la escuela Normal de ese departamento. En su carta al gobernador, Carlotto también hizo referencia a la situación de De Diego, a la vez que reclamó a la Dirección de Escuelas de la provincia que inicie acciones de mayor envergadura que un pedido de informes para resolver lo ocurrido.
Cuando el hecho se dio a conocer, una de las víctimas de la persecusión en la escuela Normal, Sergio Pérez, señaló que “la baja no tuvo mayor argumentación que supuestas inconsistencias. Como el abogado del SUTE elevó el caso a la Dirección de Educación Superior ahora el consejo directivo acepta nuestro derecho a defensa, pero en realidad ya ha preopinado dando la baja. Creemos que se tiene que anular todo el proceso”.
