Las protestas contra la minera San Jorge y la megaminería volvieron a irrumpir en el calendario vendimial esta semana, atravesando festivales y celebraciones que son emblema de la celebración cultural mendocina pero también una vidriera política.
Lo que comenzó la semana pasada con Jazz en el Lago, en el Parque San Martín, se trasladó luego al Americanto en el Teatro Independencia, donde las banderas negras con la consigna “No a la minera San Jorge” marcaron la escena y confirmaron que el reclamo ambiental se ha instalado como protagonista inesperado de la temporada.
El jueves 29 de enero fue el turno de la Vendimia de Las Heras. Con el intendente Francisco Lo Presti y el diputado nacional Luis Petri en primera fila, vecinos y asambleístas desplegaron la clásica bandera negra contra la empresa que busca extraer oro y cobre en Uspallata. La imagen de autoridades locales presenciando el reclamo sintetizó la tensión que atraviesa la provincia: mientras el Gobierno insiste en avanzar con la minería a gran escala, las protestas se intensifican y se instalan en la agenda cultural y política de Mendoza.
Petri es uno de los lobbistas de la reforma laboral y de la Ley de Glaciares que impulsa Javier Milei, mientras que el intendente lasherino denunció meses atrás a sus propios vecinos, quienes participaron de una de las protestas contra la megaminería, pero la Justicia desestimó esa demanda, con costas para el municipio.
La consigna “El agua de Mendoza, no se negocia” se repite en festivales, caravanas y redes sociales, y es el eje de las movilizaciones durante toda la temporada vendimial. El mensaje, breve y contundente, condensa el temor de que la explotación minera comprometa el recurso más estratégico de la provincia.
Oro, cobre y agua en disputa
El proyecto San Jorge, emplazado en plena cordillera mendocina, busca extraer oro y cobre en una zona estratégica por sus reservas de agua y su valor ambiental y cultural. Allí atraviesa el Qhapaq Ñan, camino declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2014, lo que agrega un componente patrimonial al conflicto. Para el Gobierno provincial, la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) representa un paso hacia la “modernización productiva” y la diversificación de la matriz económica. Para vecinos y asambleístas, en cambio, significa el avance de la megaminería sobre un territorio que depende del agua para sostener la agricultura, el turismo y la vida cotidiana.
La tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental se expresa en cada festival, donde las banderas negras irrumpen como recordatorio de que la fiesta no puede desligarse de la realidad social y territorial. La Vendimia, símbolo de identidad mendocina, se convierte así en escenario de disputa política y ambiental.
Escalada y proyección política
La escalada de protestas es seguida con atención por el Gobierno, sobre todo en la previa de la anunciada visita presidencial y por la posibilidad de que el reclamo se visibilice en eventos masivos como la Fiesta de la Cosecha o el Acto Central en el Frank Romero Day. La presencia de autoridades nacionales y provinciales en actos vendimiales multiplica la exposición del conflicto y obliga a los dirigentes a posicionarse frente a un reclamo que no cede.
Los desfiles vendimiales, sin embargo, no serían un problema para el oficialismo, ya que el exgobernador Alfredo Cornejo decidió hace unos años eliminar el palco de autoridades, tradicional blanco de repudios populares. Esa decisión, pensada para reducir tensiones, hoy se revela como un resguardo frente a la creciente conflictividad.