Organizaciones sociales, barriales, feministas, gremiales y familiares de víctimas concretaron ese viernes en Mendoza la quinta marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional.
Los rostros de Willy Gil, Sebastián Bordón, de Ricardo Bazán, de Lucas Carrazco, de Melody Barrera, de Florencia Magali Morales, de Sebastián Moro, entre tantas otras víctimas que atraviesan gobiernos de distinto signo político, encabezaron la marcha que partió de la Legislatura a los Tribunales, donde reclamaron por ser uno de los estamentos que perpetúa la violencia institucional en esta provincia.
En el final del recorrido se leyó un durísimo documento en que se repudió las políticas represivas del Gobierno de Mendoza contra los jóvenes, los trabajadores y la protesta social y contra quienes han pedido justicia por los femicidios, entre ellos las marchas reprimidas en el Este provincial.
Este es el documento de la 5ta marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional
Estamos un año más en las calles mendocinas para decir que el Estado es responsable de las muertes, abusos y torturas en manos de las fuerzas de seguridad, en comisarias, cárceles e instituciones de salud mental. De la violencia policial e institucional son corresponsables los poderes del Estado que ejecutan, legislan y juzgan acciones de represión que se agudizan año tras año mientras aumentan los niveles de desigualdad social.
Vemos con preocupación el aumento del presupuesto estatal para fortalecer el aparato que persigue y encarcela a trabajadores que protestan, un aparato que realiza espionajes y allanamientos a organizaciones sociales. Es un retroceso democrático la media sanción legislativa del proyecto que crea la figura del Agente Informático Encubierto, que busca controlar el pensamiento y la opinión de la población, además de legalizar la producción de prueba para criminalizar a trabajadores y trabajadoras, juventudes y organizaciones sociales y políticas.
Tenemos un total descreimiento del sentido de justicia que imprimen las corporaciones judiciales en el funcionamiento del Poder Judicial Provincial y Federal, que salvó excepciones, dilatan juicios, cajonean causas, desestiman denuncias, absuelven culpables y/o disponen condenas irrisorias que, en general, son ex-carcelables en casos de violencia institucional, gatillo fácil o represión por parte del Estado.
Repudiamos la represión desatada contra quienes se manifestaron por pedido de justicia por los femicidios ocurridos en el este de la provincia. Al mismo tiempo, repudiamos la persecución y la criminalización de la protesta llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia de Mendoza durante las jornadas de paro y movilización convocadas por diversos gremios mendocinos. Desde el 3 de julio del 2022 se ha constatado la persecución judicial a cinco (5) dirigentes sindicales, quienes han sido imputados por supuestas infracciones al artículo 194 del Código Penal y decenas de multas, amparándose en el Código Contravencional a organizaciones sociales y sindicales. Las requisas policiales, a las movilidades dispuestas para el traslado de las y los docentes a las manifestaciones masivas, son un atropello a la democracia en el derecho de manifestarnos libremente.
Las personas en situación de calle sufren constantemente detenciones arbitrarias, torturas en comisarías y son frecuentemente trasladadas por la fuerza a lugares lejanos para que tarden el mayor tiempo posible en regresar a sus lugares de trabajo en la vía pública. Preocupa la reiteración de situaciones cada vez más tortuosas sobre todo en el Este provincial.
En las barriadas populares las juventudes organizadas venimos denunciando y repudiando el gatillo fácil y la violencia policial, es la misma policía que organiza la venta de drogas y proteje las redes de trata. El gobierno de Rodolfo Suárez genera la inseguridad y responsabiliza a los pibes y pibas, estigmatizándolos por su origen social, cultural, la forma de vestir y de ser en una provincia sin oportunidades. A su vez, los medios hegemónicos de comunicación colaboran con el gobierno presentando a los y las pibas como el problema, califican despectivamente a la adolescencia promoviendo los linchamientos aumentando la violencia social.
Denunciamos hoy la situación de la política pública en materia de niñez y adolescencia que es desastrosa, los hogares de la ex Dinaf y el ex COSE son lugares de privación de libertad dónde se cometen torturas y abusos permanente denunciados y visibilizados, que no llegan a la justicia por inaccion de las autoridades de contralor a nivel provincial y nacional. Las iniciativas provinciales/municipales para abordar integralmente las problemáticas de las infancias y adolescencias tienden a medicalizar los abordajes y bajar la edad de punibilidad de hecho.
Rechazamos toda acción estatal que pretenda abordar el conflicto social desde herramientas represivas y/o punitivas y exigimos la creación del Órgano Revisor de salud mental como así también la efectiva implementación de servicios de orientación en las escuelas para los y las estudiantes de colegios secundarios que no tengan un enfoque punitivista ni estigmatizante sobre los pibes y pibas. La nefasta presencia amedrentante de la Policía provincial en las escuelas, para constatar libros de firmas de asistencia durante los días convocados a paro y movilización, evidencia una clara actitud persecutoria y coercitiva. Éste tipo de acciones -además de rememorar las épocas más oscuras de nuestra historia reciente- intentan dejar un claro mensaje de disciplinamiento y criminalización de la protesta social por parte del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza
Decimos:
Basta de muertes en manos de las fuerzas de seguridad!
Basta de torturas en cárceles, comisarias e instituciones de salud mental.
Basta de hostigamiento policial y judicial en barrios populares y a organizaciones sociales.
Basta de criminalizar la pobreza y protesta. Derogación del Código de Contravención.
Queremos ya el Órgano de Revisión de Salud Mental, el Comité de Prevención de la tortura y la Defensoría de los derechos de niños y niñas con real participación de organizaciones sociales.
Exigimos al Gobierno ejecutivo y legislativo políticas de trabajo, vivienda, educación y salud que tiendan a mayor equidad.
Viviana Espina, Presente!
Alicia Vargas, Presente!
Todos y todas las pibas asesinadas por los aparatos represivos del Estado, Presentes!
