La Suprema Corte de Justicia de Mendoza decidió incorporar a poderosos empresarios en el proceso que cuestiona la habilitación de perforaciones en la Subcuenca El Carrizal. Se trata del expediente que tramita una medida precautoria interpuesta por Marcelo Romano, que busca frenar la Resolución 125/25 del Departamento General de Irrigación, que autorizó nueve pozos en una zona declarada en restricción hídrica.
Marinelli, jefe de Irrigación y del riñón de Alfredo Cornejo, autorizó la perforación de pozos en áreas de acuífero restringido
Un fallo que abre un frente político y económico
La resolución del máximo tribunal provincial marca un giro en un conflicto que combina intereses millonarios, denuncias de corrupción y la crisis hídrica que atraviesa Mendoza. El jefe de Irrigación, Sergio Marinelli —funcionario cercano al gobernador Alfredo Cornejo— firmó la entrega de nueve perforaciones en un área de fragilidad acuífera. El principal beneficiario es Eduardo Elsztain, dueño del Grupo IRSA y figura de peso en el empresariado nacional.
El origen de la denuncia
La controversia estalló en febrero, cuando Marinelli autorizó las perforaciones pese a que él mismo había firmado meses antes la Resolución 1108/2024, que prohibía nuevas extracciones. Los informes técnicos y científicos advertían sobre el agotamiento del acuífero, pero fueron desoídos. La maniobra derivó en un pedido de jury contra el funcionario, impulsado por sectores opositores.
Entre los favorecidos figuran Cresud SAFIC y A. (Elsztain), Chimpay La Rioja S.A. del empresario coreano Young Woo, Grappolo S.A. del bodeguero Walter Bressia y Pedro García Mateo. En total, las perforaciones permitirán regar unas 600 hectáreas en Agrelo, transformando tierras de bajo valor en propiedades cotizadas en millones de dólares gracias al acceso al agua.
El fantasma de Agrelo 2011
El abogado y regante Marcelo Romano, impulsor de la medida cautelar, recordó el antecedente de 2011, cuando el superintendente de Irrigación Eduardo Frigerio y su asesor Jorge Villalón fueron acusados de otorgar permisos irregulares para emprendimientos inmobiliarios de lujo. “La Corte ahora tiene la posibilidad de evitar que se repita la historia”, advirtió Romano.
Qué implica la integración de la litis
La Corte notificó formalmente a las empresas beneficiadas, otorgándoles derecho de defensa. Esto significa que cualquier decisión sobre la suspensión de los permisos también las alcanzará, evitando futuros reclamos de nulidad. El expediente, así, se convierte en un terreno donde chocan intereses privados y el bien común.
Los argumentos de la demanda
El recurso de inconstitucionalidad presentado por Romano acusa a Irrigación de actuar de manera “ilegal e insostenible”. Señala cinco pilares: violación del derecho constitucional a un ambiente sano, desconocimiento de la crisis hídrica, contradicción normativa, falta de controles ambientales y riesgo colectivo para más de un millón de mendocinos. “En Mendoza, un supermercado de 0,25 hectáreas debe presentar un estudio de impacto ambiental; aquí se autorizan proyectos sobre 590 hectáreas sin exigirlo”, graficó el abogado.
Un conflicto que trasciende lo jurídico
La decisión de la Corte -sobre la cual no es conveniente cifrar esperanzas pues es mayoría filo oficialista- tendrá impacto político y económico. Si avala los permisos, se consolidará lo que críticos llaman “corrupción hídrica”. Si los rechaza, los empresarios podrían enfrentar pérdidas millonarias. En cualquier escenario, el fallo sentará un precedente sobre la gestión del agua en Mendoza y la relación entre poder económico y decisiones institucionales.
Más allá de lo judicial, el caso expone la disputa por un recurso estratégico en una provincia que enfrenta una crisis hídrica estructural. La Corte deberá definir si el agua se administra como bien común o como mercancía al servicio de intereses privados.
