En el marco de una avanzada judicial contra manifestantes de las puebladas del agua, este domingo detuvieron a un vecino de Junín que repartía folletos contra el fracking en la Feria de las Naciones mientras que para este martes fue citado a la Fiscalía N° 1, en Ciudad, un participante de la marcha realizada este domingo contra esa técnica extractiva.
La Correpi denunció la persecución a los manifestantes al tiempo que invitó a apoyar al vecino citado a declarar a la fiscalía desde las 18 (en Rioja 1252, de Ciudad) frente a la embestida judicial, que arrancó el día que se aprobó la ley del cianuro de Suarez.
Este diario pudo saber que, los días previos al 20 de enero -cuando se derribó en la Legislatura la Ley 7722- , la misma fiscalía que citó al vecino para hoy tomó imágenes de los manifestantes para proceder con posterioridad. La intención del Ministerio Público, altamente dependiente del gobierno radical, era ya en ese momento avanzar en el llamado a indagatoria de algunos manifestantes. Esa acción se postergó por la ebullición en las calles a fines de diciembre, pero de todas formas uno de los manifestantes de San Carlos fue citado y ahora hay dos nuevos casos.
Represalia judicial en marcha: citaron a declarar a un manifestante por el agua
El manual de procedimiento sigue el guión del Código Contravencional, que hasta ahora sirvió al oficialismo para penalizar a desposeídos, trabajadores de la economía informal, gremios y opositores políticos.
Una herramienta de penalización selectiva contra desposeídos, manifestantes y opositores
"Estas no son situaciones excepcionales o aisladas. El gobierno, valiéndose del poder judicial, busca criminalizar la protesta y el conflicto social. Estas detención e imputación se suman a las que deben enfrentar compañerxs que se movilización por la emergencia alimentaria, quienes se solidarizaron con las luchas del pueblo de chile y la de docentes que participaron de un plenario sindical en las puertas de la subsecretaria de trabajo", señaló este martes Correpi.
"El mensaje que envían es claro, quieren demostrar cuales son las consecuencias que le espera a quienes nos movilicemos por nuestros derechos. Estas conductas ponen en evidencia que los hechos responden a una misma política de estado que busca contener y disciplinar a quienes deciden salir a luchar", agregaron.
