En el último trimestre se descontrolaron los indicadores sociales.El 20 por ciento de los argentinos vive en la inseguridad alimentaria total, reveló la encuesta de Pobreza e Indigencia de la Universidad Católica Argentina correspondiente al tercer trimestre de 2018.
Los datos reflejan la magnitud de la destrucción social provocada por el plan económico del gobierno nacional. Ocho de cada diez argentinos vive en condiciones de inseguridad alimentaria severa, en concreto: no come lo suficiente para satisfacer la demanda natural.
El índice de pobreza de la UCA para el país saltó 5,4 puntos porcentuales en una año para ubicarse en el 33,6 por ciento de la población en el tercer trimestre de 2018. El indicador porcentual de la Indigencia saltó del 5,6 por ciento al 6,1 por ciento en un año.
La proporción de la población que tiene ingresos insuficientes creció 10 puntos en tres años. En el tercer trimestre de 2015 padecía esa situación el 37,9 por ciento de la población, mientras en el mismo periodo de este año ese segmento de la muestra se amplió al 47,8 por ciento.
El país tiene más pobres que en cualquier otro trimestre desde 2010, según la serie histórica del estudio de la UCA. Los indigentes son en proporción los mismos que en 2016.
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica concluyó que la pobreza está determinada en la matriz productiva más que en las medidas coyunturales.
Dijo el Observatorio:
A pesar del crecimiento económico, las políticas de protección del mercado interno y la ampliación de las políticas sociales, con cada ciclo económico se reproducen barreras productivas estructurales que ponen límites a la caída de la pobreza y a procesos de convergencia a nivel social y regional.
Tanto la desigualdad persistente como la pobreza estructural son resultado de un modelo económico-productivo desequilibrado con efectos de exclusión, marginalidad y desigualdad a nivel socio-cultural, socio-demográficos y socio-ocupacionales.
Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo (condición necesaria para el crecimiento), no ocurren “derrames” hacia los sectores menos dinámicos sino hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno.
Durante el período 2010-2018, los indicadores sociales muestran la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdades estructurales, de carácter tanto económico-ocupacional como socioregional. La relativas mejoras materiales y la ampliación de las políticas de protección social durante el último período no han sido suficientes para revertir los niveles de pobreza estructural.
Las brechas en el bienestar económico de los hogares no han disminuido, se presentan como estructurales y asociadas a la falta de demanda de empleo productivo de calidad y de políticas de inversión y desarrollo más agresivas en materia de vivienda, hábitat, salud y educación.
La actual crisis 2018 –a igual que en 2008, 2014 y 2016- no han sido destructivas del sistema productivo ni financiero formal. Sin embargo, han sido corrosivas para la micro, pequeña y mediana empresa, así como para los sectores de la economía social.
El principal mecanismo de transmisión de este deterioro es la retracción del mercado interno y de las capacidades productivas del sector informal.
