El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico habilitó la feria judicial de enero para tramitar los amparos que reclaman la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 que dictó el gobierno de Javier Milei. La decisión del magistrado involucra a todos los artículos del DNU fundacional de la administración del libertario.
Al mismo tiempo, el magistrado partió el reclamo colectivo presentado contra el DNU por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, con lo cual le dio lugar a la apertura de varias causas en torno al decreto que ataca a más de cien leyes vigentes. La oposición al DNU es multisectorial, algo lógico considerando el abanico de sectores que son afectados por su imperio.
Uno de los rechazos planteados en la Justicia es de la Confederación General del Trabajo, que llevó el escrito a Tribunales en el marco de una movilización multitudinaria, el último miércoles del 2023. La Cámara de Apelaciones del Trabajo admitió su competencia en la denuncia de la CGT contra las reformas laborales contenidas en el DNU y dictó una medida cautelar frenando la vigencia de ese apartado del decreto.
La decisión de Lavié Pico de habilitar la feria alcanza también al planteo del Poder Ejecutivo para que las causas laborales contra el DNU se acumulen todas en el fuero Contencioso Administrativo, mucho más permeable a los operadores top del gobierno, como Rodolfo Barra, procurador General del Tesoro, ex ministro de Carlos Menem, quien no escondió el gusto por unificar las denuncias.
La sentencia emitida este jueves (4/01/2024) es un duro golpe para la estrategia del gobierno, puesto que habilita la apertura de una multiplicidad de causas en tribunales distintos. La ingeniería necesaria para la defensa jurídica de múltiples causas al mismo tiempo es más complicada que si en un expediente se anexaran todas las demandas.
Además, el control del gobierno sobre el fuero Contencioso Administrativo es mucho más grande que el que pudiese ostentar en el fuero del Trabajo. El gobierno planteó de entrada la pelea por la competencia judicial para tratar el DNU.
“Torna procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de la posible frustración de derechos que no podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el transcurso de la feria judicial”, escribió el juez Lavié Pico en su sentencia para habilitar la feria a los casos contra el DNU.
El magistrado le informó al gobierno que tiene tres días para dar sus argumentos contra la cautelar y cinco para argumentar sobre el fondo de la cuestión: la constitucionalidad del DNU 70/2023.
La decisión de dividir las demandas en lugar de mantenerlas de forma colectiva porque, consideró el juez en su fallo, deberán “examinarse de manera independiente y en relación a cada materia -en concreto- ante los diferentes tribunales en su competencia específica, ya que las decisiones sobre su aplicación y/o validez podrían ser diferentes en cada supuesto y en cada jurisdicción”.
Lavié Pico listó algunos de los sectores que son atravesados por los alcances del decreto fundacional de la era Milei: Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Reforma del Estado, Código Aeronáutico, entre otras. Y remarcó que la norma aborda "aspectos particulares" dentro de cada sector listado.
Con el mismo criterio, la Cámara de Apelaciones del Trabajo se declaró competente para entender en el control de constitucionalidad de los tramos del decreto que modifican las relaciones del capital con el trabajo. En este caso, la CGT planteó la inconstitucionalidad de la reforma laboral contenida en el DNU.
