El juez Sebastián Sarmiento, titular del Juzgado de Ejecución Penal de Mendoza, enfrenta un proceso de Jury de Enjuiciamiento que podría culminar en su destitución. La acusación, presentada por el diputado radical Franco Ambrosini y respaldada por familiares de víctimas, apunta a tres fallos controvertidos en los que el magistrado otorgó libertades condicionales que derivaron en delitos graves, entre ellos el asesinato de un policía retirado.
Acusaciones graves y respaldo político
La denuncia señala que Sarmiento habría concedido beneficios penitenciarios improcedentes, ignorando recomendaciones técnicas del Organismo Técnico Criminológico (OTC). Uno de los casos más resonantes es el de un hombre liberado bajo resolución del juez, que luego asesinó a un ex policía. También se incluyen el crimen de Héctor Quiroga en 2017 y el abuso reiterado de una niña de 12 años por parte de un condenado a reclusión perpetua.
Mientras el oficialismo acelera el jury contra Sarmiento, plancha el mismo proceso contra el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, por entregar pozos de agua a empresarios poderosos
El diputado Ambrosini presentó la denuncia acompañado por Melisa Pelayes, hija del policía asesinado, en un acto que combinó reclamo judicial con respaldo político. El espacio Cambia Mendoza, liderado por el gobernador Alfredo Cornejo, se alineó rápidamente detrás del pedido de Jury.
Votación dividida y mayoría oficialista
Con 16 votos a favor y 5 en contra, el órgano constitucional que evalúa el desempeño judicial dio luz verde al juicio político. El tribunal está compuesto por siete ministros de la Suprema Corte y catorce legisladores provinciales, la mayoría vinculados al oficialismo. Entre los votos afirmativos se contaron los de jueces filo-radicales como Dalmiro Garay, Teresa Day y Norma Llatser, y legisladores de Cambia Mendoza, LUM y sectores del peronismo.
La votación expuso el poder de fuego del oficialismo, que incluso logró sumar apoyos fuera de su bloque. El juez José Valerio, enfrentado internamente con Garay, votó en contra junto a los filo-peronistas Mario Adaro, Julio Gómez y Omar Palermo, este último con trayectoria en Derechos Humanos.
Blanco fácil del cornejismo
Más allá de los fallos judiciales, Sarmiento ha sido señalado por no alinearse políticamente con el oficialismo. Según fuentes legislativas, su figura se ha convertido en blanco recurrente cada vez que se agudiza la inseguridad en Mendoza. En ese contexto, el proceso judicial aparece teñido por sospechas de disciplinamiento interno en el Poder Judicial.
Referentes judiciales y políticos advierten que el cornejismo convierte cada fallo polémico en una oportunidad para reforzar su narrativa sobre inseguridad y consolidar control sobre los órganos judiciales. La pregunta que sobrevuela es si el proceso responde a criterios institucionales o si se trata de una operación política.
Conflicto por la defensa oficial
El proceso estuvo paralizado durante semanas por la negativa de Sarmiento a aceptar al defensor oficial Jorge Martín Luque, con asiento en General Alvear. El magistrado argumentó que la designación de un abogado de otra circunscripción afectaba su derecho de defensa. Tras sucesivas presentaciones ante el Tribunal de Enjuiciamiento, la Defensora General Cecilia Saint André resolvió de manera “excepcional” nombrar a Cecilia Pedrazzoli, defensora oficial del Gran Mendoza.
La Resolución Nº 149/2025 argumenta que, si bien el nombramiento original fue legítimo, la controversia estaba generando un “grave retardo en la causa”. Saint André priorizó la continuidad del proceso y la salvaguarda del sistema de justicia, sin desvanecer los fundamentos jurídicos previos.
