Mendoza enfrenta otra vez una batalla del lobby minero para instalar la megaminería metalífera resistida durante años en las calles por vecinos y asambleístas que han salido una y otra vez en defensa de la Ley 7722.
Alfredo Cornejo les anticipó a inversores en Canadá que pretende modificar los procedimientos de aprobación de los proyectos para evitar pasar por la Legislatura. Lo propio hizo el director de Minería, Jerónimo Shantal. Y en las últimas horas fue la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien blanqueó cómo planean gambetear el filtro legislativo.
La supresión de la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es una de las claves en la avanzada de Cornejo. La DIA de los proyectos mineros, según establece la Ley 7722, en las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, debe ser ratificada por ley.
Cornejo avanza con la estrategia para imponer la megaminería metalífera sin pasar por la Legislatura
El tamiz de la Legislatura fue refrendado por la Corte Suprema de la Nación, que determinó que es constitucional. Sin embargo, es el escollo que ha impedido el avance de proyectos extractivistas que pretenden usar sustancias que prohíbe la 7722.
La argucia del Gobierno para no pasar por la Legislatura cada proyecto extractivista es que la Dirección de Minería apruebe una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para un paquete de proyectos.
En palabras de Latorre a una entrevista en Mdz: "Impulsa Mendoza es el garante del masterplan. Luego todo el procedimiento se aplica a cada proyecto. Cada uno va a hacer un aviso de proyecto específico. Es como una actualización de la DIA".
"¿Sin pasar de nuevo por la legislatura?", le repreguntaron a la ministra. Su respuesta:
-Claro. La legislatura evalúa los criterios de la DIA, eso ya va a estar aprobado. SE va a auditar cada proceso. Tienen que ir a la autoridad de aplicación, presentar su plan de inversión, de trabajos, la declaración jurada de buenas prácticas, la vinculación con la comunidad.
Luego ratificó: "Si cada una de esas 200 propiedades mineras tuvieran que pasar por la Legislatura, deberíamos cerrarla para ponerlos a los legisladores a estudiar declaraciones de impacto ambiental. No es para evitar controles, sino para ser más eficientes en la información y los procesos".
"Los inversores le huyen al control político"
Días atrás, Shantal admitió también sobre los impedimentos de la 7722: "Tenemos una ley restrictiva que es la decisión política de analizar un tema técnico. si un órgano político que analiza dictámenes técnicos, les baja su tasa de interés de retorno y no vienen. No existe en el mundo una ley que un órgano político revise un tema técnico.
Luego blanqueó que el Gobierno analizó usar un resquicio de la Ley 7722 pero lo descartó: "La ley tiene un trampa, que habla de exploración de minerales metalíferos, podríamos haber dicho que no vamos a explorar minerales metalíferos. Pero no lo hicimos".
