El gobierno oficializó el nuevo protocolo para la práctica de abortos legales. Lo hizo a través de la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud, que fue publicada en el Boletín Oficial a primera hora de este viernes. Es la primera medida formal de Ginés González García desde que asumió la cartera, el martes en la tarde.
Cuestiones sanitarias y jurídicas se conjugan en los fundamentos de la Resolución. El Código Penal, en 1921, legalizó la interrupción del embarazo cuando representa un riesgo para la vida o la salud de la embarazada y cuando proviene de una violación. Bajo esas causales, la interrupción del embarazo quedó exenta de la órbita judicial hace un siglo.
El protocolo establece las condiciones para la atención médica a las embarazadas que deciden abortar cuando esa práctica no constituye un delito. Entre los puntos salientes, fija un plazo máximo de 10 días desde que la mujer manifiesta su decisión hasta la efectivización de la práctica.
Además, elimina la objeción de conciencia como causa para impedir un aborto. Pueden los médicos individualmente excusarse por esa razón, pero no los hospitales, clínicas o sanatorios. Las instituciones deben garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para este tipo de intervenciones.
Ginés González García confirmó la actualización del Protocolo de aborto no punible
La aplicación del protocolo no altera ninguna disposición penal vigente. Sus alcances se circunscriben a los casos legales. La criminalización del aborto se mantiene tal cual. Sin las causales para la despenalización, la interrupción del embarazo sólo es posible en la clandestinidad.
Guía para los equipos de salud
El "protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo" quedó plasmado en un anexo de la Resolución publicada este viernes. "Tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino", acuñó González García en el prólogo del manual.
El ministro remarcó que el procedimiento reglamentado "se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales".
Defendió que "el acceso a la interrupción legal del embarazo en las causales previstas en el Código Penal de la Nación de 1921 queda comprendido/garantizado en el marco jurídico argentino por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que se incorporaron en su reforma de 1994, así como en las recomendaciones que sus Comités de Seguimiento que se han ido emitiendo".
El funcionario consideró que la adecuación del protocolo era una obligación del Estado, en tanto, "la política sanitaria -definió- debe garantizar el acceso de la población a las mejores prácticas clínicas y de salud pública para promover, prevenir, atender y rehabilitar la salud, así como para velar por la garantía de derechos consagrados en el marco normativo".
Antecedente bochornoso
Cuando Mauricio Macri le entregó la Presidencia a Alberto Fernández, el área de Salud paso de ser una Secretaría a ser un Ministerio. La oficialización del protocolo para los abortos legales se concretó a tres días del cambio de gobierno. González García asumió en la cartera con el proyecto debajo del brazo y la decisión tomada.
En este tema, el nuevo ministro debía superar rápidamente un antecedente bochornoso. En el ocaso del gobierno anterior, el protocolo para los abortos legales fue la piedra de un escándalo. A días de dejar el poder, el entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, publicó en el Boletín Oficial una guía similar a la actual.
Rápidamente surgieron elogios y cuestionamientos a la decisión. En plena ebullición de la opinión pública, el ala dura del macrismo salió a condenar la resolución a la vez que pedía a Macri su derogación. Las manifestaciones se difundían por Twitter.
A renglón seguido, el gobierno instaló en los medios que Rubinstein se había cortado sólo en la publicación del protocolo. El presidente no estaba al tanto de esa decisión, repetían los informes periodísticos nutridos por fuentes gubernamentales, antes de plantear que Macri estudiaba derogar la norma. Ningún funcionario habló públicamente del tema hasta el día siguiente.
El gobierno hablaba a través de la prensa permeable a sus off the record. Las versiones iban y venían hasta que, un día después, los voceros de una reunión de Gabinete confirmaron que Macri derogaría el protocolo. Al día siguiente, se publicó un decreto firmado por el Presidente en ese sentido. Rubinstein renunció. Y los abortos se quedaron sin protocolo hasta este viernes.
Este es el Protocolo ILE actualizado:
