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El Senado aprobó subastar una casa en la que vivió el Intocable Nicolino Locche, que fue abandonada por el Gobierno al inicio del primer mandato de Alfredo Cornejo.
El departamento en cuestión tuvo diferentes usos. En distintas etapas fue residencia del reconocido boxeador mendocino Nicolino Locche, también funcionó allí el Programa de Testigos Protegidos y su último uso oficial se registró en 2016. Desde entonces permanece desocupado y presenta un importante deterioro.
La iniciativa para subastarlo fue aprobada por unanimidad y ahora pasó a revisión de la Cámara de Diputados.
El inmueble se ubica en Coronel Plaza 572 (primer piso, departamento "E") de la Ciudad de Mendoza. El gasto de mantenimiento continuo para las arcas del Estado provincial motivó formalmente la avanzada hacia su enajenación, que estará a cargo de la Dirección General de Bienes Registrables del Estado, bajo la modalidad de subasta pública abierta.
Cómo llegó al Estado
La senadora provincial de la UCR, Beatriz Galiñares, instrumentó el proyecto de enajenación de la casa de Locche, craneado por el Ejecutivo de Alfredo Cornejo. El departamento pasó al patrimonio provincial de modo poco convencional: era el premio principal de una rifa por el Centro de Ayuda Recíproca de los Choferes de Mendoza y quedó vacante.
La Escribanía General de Gobierno ejecutó la transferencia formal a favor del fisco provincial en el año 1987.
Posteriormente, la unidad fue asignada a otras dependencias, funcionando como base de operaciones transitoria para el Programa de Testigos Protegidos. El último registro de utilización oficial data del año 2016. Desde entonces, el espacio permanece cerrado, situación que derivó en un nivel de deterioro estructural advertido en los informes técnicos adjuntos al expediente legislativo de venta.
Restricciones de consorcio
El uso del inmueble se encuentra limitado por normativas privadas. El reglamento de copropiedad del edificio establece de manera taxativa que las unidades deben destinarse exclusivamente a fines de vivienda. Esta restricción fue el motivo que impidió concretar un proyecto oficial impulsado en el año 2011.
En aquella oportunidad, el Ministerio de Cultura planificó instalar en el departamento un espacio dedicado a actividades de Producciones Culturales. Sin embargo, la iniciativa fue cancelada debido a que el tránsito de personas y el funcionamiento de la dependencia gubernamental generaban reclamos de los vecinos, quienes exigieron el cumplimiento de la cláusula de uso residencial.
La venta se ampara en la Ley de Presupuesto N.º 9.681, que permite al gobierno transferir activos a la DIGEVIRE para su posterior comercialización. La ley también estipula condiciones precisas sobre los ingresos económicos obtenidos en la subasta. El texto prohíbe usar la recaudación para pagar salarios o financiar partidas de personal.
