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El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó genéticamente los restos del Carlos Simón Poblete, quien había sido secuestrado a fines de abril de 1977 en la ciudad de Córdoba. Los restos fueron recuperados en 2010 durante las tareas de exhumación realizadas en el Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza, en el marco de una causa judicial impulsada por el Juzgado Federal N°1 y la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos, representada por el fiscal Dante Vega y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante.
Este hallazgo reabre una historia emblemática de la represión ilegal y devuelve una certeza indispensable a su familia tras casi medio siglo de búsqueda e incertidumbre.
El proceso arqueológico e interdisciplinario para dar con el paradero de Poblete se desarrolló en distintas etapas complejas e incluyó intervenciones en 250 sepulturas, seguidas del posterior análisis antropológico de los cuerpos recuperados para determinar cuáles podían corresponder a personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.
Las labores de campo contaron desde el primer momento con el valioso respaldo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y diversas organizaciones de familiares de personas desaparecidas.
Secuestro, cautiverio y fragmentación familiar
Carlos Simón Poblete tenía 33 años al momento de su captura. Según quedó judicialmente acreditado en la sentencia dictada el 24 de octubre de 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba dentro de la causa del centro clandestino de detención La Perla, Poblete fue privado ilegítimamente de su libertad junto a su compañera, María del Carmen Moyano Maure, quien se encontraba embarazada. Ambos fueron trasladados e ingresados a las instalaciones de dicho predio represivo en suelo cordobés, donde sufrieron vejaciones antes de ser separados de manera definitiva por el aparato estatal.
El destino de la joven pareja estuvo marcado por la itinerancia del circuito clandestino. María del Carmen Moyano Maure fue posteriormente llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde dio a luz a su hija en cautiverio aproximadamente en junio de 1977. Tan solo ocho días después del parto, la bebé fue sustraída de los brazos de su madre y entregada de forma ilegítima a Osvaldo Armando Fernández Miranda, integrante del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de Mendoza, y a su esposa, Iris Yolanda Luffi, iniciando así un prolongado ocultamiento de su verdadera identidad.
Miriam Poblete abrazó la ideología de sus apropiadores y en el juicio declaró a su favor. En marzo de este año protagonizó un spot reivindicatorio del terrorismo de Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La trama apócrifa y la restitución de la Nieta 127
Para concretar la apropiación, la estructura policial montó un esquema de falsificación pública. La pareja inscribió a la niña como hija biológica mediante una partida de nacimiento con datos falsos en la que intervinieron como testigos el exoficial de policía Abelardo Santiago Garay y el agente Eduardo Smaha Borzuk. Esta maniobra delictiva mantuvo a la joven privada de su historia biológica durante más de cuatro décadas, hasta que las persistentes investigaciones impulsadas por Abuelas de Plaza de Mayo permitieron su localización y la feliz restitución de la Nieta 127.
La persecución penal contra los responsables del ocultamiento tuvo un hito determinante en diciembre de 2021, cuando concluyó el décimo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia.
En ese debate oral, donde Abuelas de Plaza de Mayo intervino como parte querellante representada por la abogada Viviana Beigel, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza dictó sentencias condenatorias contra los autores. En aquella oportunidad, Armando Fernández Miranda recibió 10 años de prisión, Abelardo Santiago Garay fue sancionado con 8 años e Iris Yolanda Luffi recibió una pena de 5 años.
Potente alegato de Abuelas: "Se apropiaron de Miriam en patota con los policías del D2"
Evolución jurisprudencial y la búsqueda que no cesa
Aquel fallo inicial aplicó los montos punitivos del Código Penal vigente al momento de la sustracción. No obstante, en 2024, en una audiencia de reenvío, el propio Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza elevó las condenas a penas de entre 10 y 15 años de prisión. Los magistrados receptaron un criterio jurisprudencial clave: por tratarse de la apropiación de niños y niñas, debe aplicarse la escala penal vigente al momento en que la víctima efectivamente recuperó su identidad, dado el carácter permanente del delito.
La confirmación genética de la identidad de los restos de Carlos Simón Poblete constituye un acto fundamental de verdad y justicia que permite cerrar décadas de dolor e incógnita. En este marco, la Oficina Fiscal de asistencia en causas por violaciones a Derechos Humanos de Mendoza recordó a los familiares de personas desaparecidas que aún no han aportado sus perfiles que pueden hacerlo contactando al Equipo Argentino de Antropología Forense. La toma de muestras de ADN es gratuita, confidencial y tiene como único fin la identificación de las víctimas.
Para contactarse con el EAAF: WhatsApp al +54911 2348 5229, por teléfono al 0800 345 3236 o por correo electrónico a la dirección iniciativa@eaaf.org. La toma de muestras es gratuita, confidencial y únicamente con fines identificatorios.
