En un fallo a medida del plan de criminalización de la protesta trazado por Alfredo Cornejo, el juez Juan Manuel Pina, del Juzgado Penal N°1, equiparó el derecho a la protesta y a peticionar en las calles con un delito.
Sobre la misma, ordenó no enjuiciar a referentes sindicales y en cambio someterlos a una probation de varios años en los cuales "no podrán cometer ningún delito ni consumir estupefacientes o bebidas alcohólicas en exceso y en la vía pública". En el caso de Raquel Blas, también acusada por una manifestación en las calles, no aceptó la probation irá a juicio.
La defensa de Blas, ejercida por Alfredo Guevara, anticipó que acudirán a la Corte con una apelación del fallo. Reflexionó sobre el trasfondo de la sentencia: "Tiene que ver con una visión autoritaria- que tiene que ver con criminalizar la protesta y con avanzar sobre derechos que están consagrados en la Constitución y en los Tratados y que es la jurisprudencia vigente en Mendoza de la Corte Suprema de la Provincia donde Macho y Blas han sido absueltos antes por estos mismos hechos, es decir, protestas pacíficas".
Sobre esto se manifestó en las redes Lautaro Jiménez, referente del FIT, que calificó de "circo" al aparato judicial que responde al cornejismo.
La Policía provincial corrupta te mete en el proceso porque así lo piden los fiscales inventa-causas de Cornejo, persiguiendo opositores como sea.
Raquel Blas apelará esta elevación a juicio inédita en Mendoza: acusada de cortar una calle sin siquiera haber estado en el lugar.— Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) November 5, 2024
ATE aceptó la probation
Para Roberto Macho, al frente de ATE, la suspensión del juicio a prueba es por tres años, para Adriana Iranzo, adjunta del gremio, de dos años y para el resto de los imputados -Sixto Roberto Podio Ruartez, Tomás Edgardo Sánchez Nievas, Patricia Edith Irrutia, Carlos Daniel Quinteros, José Dardo Bittar Araniz, Manuel Martín Orellana, Silvia Romina Castro Cartes, Mario Eugenio Iván Alcanis Herrera y Juan Manuel San Martín Luna- de un año.
Macho dijo tras la sentencia que no reconocerá como delito al "legítimo derecho que tienen los trabajadores a realizar huelga, a manifestarse y peticionar a las autoridades del Gobierno". Agregó: "Esto no afecta el plan de luchas".
A su turno, el líder de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, viajó a Mendoza y expuso: "Hemos venido desde la conducción nacional, no sólo representando a la Capital Federal sino a todas las provincias del país para repudiar y rechazar este proceso de grave criminalización y judicialización de la protesta que se está llevando adelante aquí en Mendoza. Es evidente que hoy están siendo víctimas de un intento de ataque de la justicia por el solo hecho de luchar y defender de manera incondicional los derechos de todas las trabajadoras".
"La paz social no es responsabilidad de los trabajadores garantizarla. La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con las políticas que implementan y en este caso ATE ha salido a la calle a ejercer su legítimo derecho y constitucional de huelga y de movilización y además de peticionar libremente a las autoridades. Es esto lo que se quiere coartar", completó.
El caso de Raquel Blas
Otra de las líderes sindicales que sentaron los fiscales oficialistas en el banquillo es Raquel Blas, de SITEA, por una manifestación en la que no estuvo, pues estaba en otro punto de la ciudad.
"Las defensas planteamos distintas nulidades. En el caso de Blas la acusan de una manifestación en el nudo vial pero ella estaba en otra concentración con otra bandera y otro sindicato que es el SITEA. Además de la criminalización de la protesta y el ejercicio de los derechos de libertad de expresión planteamos la nulidad por arbitraria y discriminatoria. Hay una serie de defectos específicos en las causas que provocan la nulidad", puntualizó Alfredo Guevara a EXPLICITO tiempo atrás.
"Es un efecto amedrentador, disciplinador. Son procesos penales fraudulentos porque se aplica sanciones indebidas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y otros derechos constitucionales. Se quiere lograr menor participación social, menos democracia y más autoritarismo", cerró el abogado.
