Buena parte del futuro económico de Mendoza quedó en manos de la Suprema Corte. La fragilidad de la política local quedó expuesta al derivar a la Justicia una decisión trascendente para el futuro de la provincia. La causa involucra a uno de los dueños de la Argentina en una presunta maniobra irregular con Irrigación.
La política cedió a la Justicia una decisión que tiene inmensa trascendencia para la fisonomía del modelo económico de la provincia con la administración de excepciones para sacar agua en lugares prohibidos. Justo cuando Cornejo empieza a ver materializado el primer hito de su plan minero, con el proyecto San Jorge a tiro de entrar a explotar el cobre de Uspallata.
En su fallo para este caso, el máximo tribunal definirá si declarase inversor es razón para acceder a recursos que están prohibidos para los vecinos. La prohibición es parte del plan para atender la crisis hídrica presente. Mientras sus efectos depreciaban la tierra, se sospecha que las excepciones se negociaron antes del desembolso de los nuevos dueños.
Prohibir perforar actuó para bajar el precio de propiedades que fueron adquiridas por empresas o empresarios, que ahí nomás accedieron a excepciones para regar con el agua prohibida.
El favor de Irrigación a Elztein, entre otros, le permitió multiplicar el precio de una propiedad que le costó una ganga porque tenía el riego perdido. Elztein compró a sabiendas de que él regaría con el agua prohibida para el resto. Con la excepción que le dió Sergio Marinelli, jefe de Irrigación y alfil del gobernador Cornejo, Elsztain hizo un negocio redondo.
La Corte tiene que resolver un caso que bien puede reformular los límites de la cancha de la disputa por el agua de Mendoza, en el marco de la investigación por irregularidades en la gestión de aprobación y ejecución de una serie de perforaciones para extraer agua del subsuelo de una zona prohibida. Si la Corte dicta un siga siga en el caso, abrirá la puerta para que el lobby minero remate la contienda contra la voluptuosa resistencia al modelo extractivista.
La empresa de Elsztain
Entre las empresas involucradas, se cuenta Cresud, del magnate inmobiliario Eduardo Elztein, uno de los empresarios con más influencia sobre el presidente Javier Milei, que está enfrascado en el giro desde la inmobiliaria porteña a la minería en la Cordillera de Los Andes.
Elsztain alojó en uno de sus hoteles a Javier Milei desde que se consagró presidente en el balotaje de noviembre de 2023 hasta que asumió la primera magistratura. Es decir, mientras se definía el Gabinete con el que desembarcaría Mieli, el 10 de diciembre. Con el libertario acomodado en Olivos
compró minas en la cordillera y otros negocios.
A instancias de una de una denuncia por «corrupción hídrica» que benefició a grandes capitales en plena sequía, la Corte llamó a la empresas Cresud, del magnate mileísta Eduardo Elztein. a defenderse de las impugnaciones a los permisos de Irrigación que consiguieron con excepciones a la normativa vigente.
Además del holding de Elsztain, quedaron bajo sospecha las empresas Chimpay, del empresario chino y Grappolo a defender sus permisos cuestionados. El fallo es decisivo: oscila entre convalidar excepciones para el poder económico o enfrentar demandas multimillonarias contra el Estado, definiendo el manejo del agua en Mendoza para las próximas décadas.
Para los críticos, el caso expone la tensión entre el modelo de desarrollo inmobiliario y vitivinícola de gran escala y la necesidad de preservar un recurso estratégico como el agua. Por la repercusión del caso
El desenlace tendrá impacto político y económico. Si la Corte avala los permisos, se consolidará un esquema que muchos califican como “corrupción hídrica”. Si los rechaza, los daños y perjuicios para los empresarios podrían ser multimillonarios. En cualquier escenario, el fallo sentará un precedente sobre la gestión del agua en Mendoza y la relación entre poder económico y decisiones institucionales.
Cronología: la guerra de los pozos
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2011
El «cepo» al agua
Resolución 722/11. El Departamento General de Irrigación prohíbe otorgar nuevas concesiones de aguas subterráneas en zonas críticas y de restricción para evitar el colapso de los acuíferos. Esta es la norma base que los denunciantes afirman que se violó.
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2018 – 2021
Las «excepciones»
Irrigación otorga permisos bajo figuras de excepción en zonas prohibidas a grandes firmas:
- Cresud (Eduardo Elsztain): Permisos en Cuenca Norte (Finca Los Pozos).
- Chimpay La Rioja (Young Woo): Permisos en Valle de Uco.
- Grappolo S.A. (W. Bressia) y Pedro García Mateo: Autorizaciones en Primera Zona y Norte.
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2022
La judicialización
Sectores políticos y ambientales presentan una Acción Procesal Administrativa (APA) ante la Corte. Denuncian inconstitucionalidad y trato desigual: afirman que se negó agua a pequeños regantes mientras se habilitó a grandes capitales.
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2023
Advertencia fiscal
Fiscalía de Estado emite dictámenes advirtiendo posibles irregularidades en los procedimientos administrativos. La causa queda lista para sentencia («autos para sentencia»).
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2024 / 2025
Freno de la Corte y citaciones
Giro inesperado. La Suprema Corte suspende el fallo final. Para evitar nulidades por indefensión y futuras demandas contra el Estado, ordena citar formalmente a las empresas beneficiadas (Cresud, Chimpay, Grappolo, García Mateo) para que se defiendan antes de decidir si anula los permisos.