El oficialismo usó la acusación del delito 213 bis del Código Penal para montar un gigantesco operativo de propaganda con foco en las protestas contra la megaminería. Ahora los fiscales reconocen que no hay pruebas.
El oficialismo coló en la capacitación obligatoria de la Ley Yolanda la propaganda de su plan extractivo de cobre, litio y minerales críticos que codician las potencias mundiales.
McEwen Copper evalúa usar la red mendocina ideada para San Jorge. En paralelo, el proyecto Vicuña optimiza costos importando una ciudad china, subrayando el carácter de enclaves mineros de las provincias cordilleranas.
El gobernador promocionó en Chile el modelo distritos mineros que aprueban decenas de proyectos en bloque, con aval judicial y promesas de integración regional.
Cornejo advirtió que la falta de rutas y energía frena la minería. Mientras Nación dice que ‘plata para eso no hay’, Mendoza promete obras para atraer dólares y sacar el cobre de la montaña.
En la casa de Argentina en la capital británica, expuso todas las ventajas que acordó con Milei para llevarse los minerales de Los Andes al costo más bajo. Remarcó una ventaja de San Jorge: está cerca de la ruta directa a los puertos de Chile.
Las comunidades mapuche denunciaron ante la CIDH el avance extractivo sin consulta; el Gobierno revocó el protocolo cuestionado y el 30 de mayo en Malargüe se definirá el nuevo proceso de participación indígena.
Organizaciones ambientalistas señalaron la inconstitucionalidad de la reforma impulsada por las mineras y pidieron que un tribunal federal en La Pampa frene su aplicación. Cómo sigue la batalla judicial.
El operativo del 8 de abril dejó ocho detenidos y abrió otro capítulo en la criminalización de la protesta en Mendoza. “Ni con causas armadas, ni con represión detendrán la lucha por el agua”, advirtieron organizaciones sociales y ambientalistas.
Desde la noche del miércoles hay protestas en la Comisaría 7ma pidiendo la libertad de tres mujeres. Además hay cinco varones presos en el Polo Judicial.
