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Alfredo Cornejo cruzó la cordillera para presentarse en el encuentro internacional “Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina”, realizado en Los Andes, Chile. Allí desplegó su promoción para vender el subsuelo mendocino en bloques en los llamados "distritos mineros", una estrategia que le permitió a su gobierno hacer pasar decenas de proyectos extractivos en un solo paquete por la Legislatura. “No queremos ver a la cordillera como una barrera, sino como una plataforma compartida para generar desarrollo, empleo e inversiones en ambos países”, sostuvo.
Cornejo explicó que Mendoza implementó un esquema para aprobar distritos mineros completos mediante la Legislatura provincial, lo cual según el Gobierno le da previsibilidad y seguridad jurídica a los potenciales inversores.
“Estamos muy concentrados en que el Estado tenga la capacidad de aportar permisos rápidos, pero con solvencia profesional, complementando esa rapidez con el cuidado ambiental”, dijo. En la práctica, significa que decenas de proyectos se agrupan en un mismo paquete y se aprueban de una sola vez, evitando el debate caso por caso.
Los paquetes mineros: anatomía de una estrategia
El modelo de distritos mineros es presentado como innovación administrativa. Inspirado en experiencias de Australia y Colombia, consiste en tratar las minas como unidades geográficas integrales. En Mendoza, sin embargo, la función principal es política: reducir conflictos y acelerar la aprobación. Al enviar un Informe de Impacto Ambiental (IIA) global que abarca cientos de propiedades, el Ejecutivo evita el desgaste de discutir proyecto por proyecto. Es, en otras palabras una especie de “ventanilla única territorial”.
La adjudicación a la consultora sudafricana Knight Piésold por 300.000 dólares para elaborar la línea de base sobre casi 4.000 km² muestra la escala: entre 140 y 200 propiedades mineras bajo un mismo paraguas. Si la Legislatura ratifica ese informe global, la puerta quedará abierta para decenas de empresas de un solo golpe.
La defensa oficial
El Gobierno de Mendoza sostiene que los distritos cumplen estrictamente con la Ley 7722, la norma que desde 2007 protege el agua frente a la minería. Argumenta que en la etapa de exploración no se utilizan sustancias prohibidas como cianuro o mercurio, que cada paquete es ratificado por ambas cámaras legislativas y que la Justicia de Mendoza ya avaló el procedimiento. En diciembre de 2025, un fallo rechazó un amparo contra el MDMO y validó la Ley 9.588/24 que creó el distrito. Para Cornejo, ese respaldo judicial es la certificación de que el camino elegido es correcto.
El gobernador refuerza su discurso con promesas de infraestructura: rutas, líneas de alta tensión y corredores logísticos para bajar costos. “No tiene ningún sentido vernos como competencia. Necesitamos bajar costos y hacer que las empresas elijan los corredores más eficientes”, afirmó en Chile, al proponer una agenda conjunta con la Región de Valparaíso.
Las críticas sociales y ambientales
Las asambleas ambientales y organizaciones sociales denuncian que el modelo es un vaciamiento de la 7722. Señalan tres puntos críticos:
- El impacto acumulativo: no es lo mismo una mina que treinta operando en la misma cuenca.
- La trampa de la exploración: aprobar masivamente la búsqueda genera derechos adquiridos que presionarán para habilitar químicos prohibidos en el futuro.
- La participación ciudadana: audiencias públicas en áreas vastas diluyen la voz de las comunidades afectadas.
La ciencia también advierte riesgos. Un informe de la UNCuyo y el IANIGLA alertó que la fase 2 del MDMO ignoró el ambiente periglacial, protegido por la Ley Nacional 26.639. La reforma impulsada por Javier Milei dio a las provincias la última palabra sobre qué periglaciares son de “relevancia hídrica”. En Malargÿue por ejemplo, el Gobierno frenó dos proyectos donde la evidencia de hielo era innegable, pero ordenó seguir con otros 27. Para los críticos, es un incumplimiento del principio precautorio.
El frente judicial y político
El avance del Distrito Norte recibió un espaldarazo de la Suprema Corte de Mendoza al rechazar la acumulación de causas presentada por Danone, que durante dos décadas bloqueó el proyecto Paramillos. El fallo permite que el Ejecutivo avance con el estudio de impacto ambiental, incluso si persiste el conflicto por la propiedad de la tierra. La exclusión explícita de la Reserva de Villavicencio del polígono del distrito fue un gesto político para neutralizar el discurso ambientalista de la multinacional francesa.
Avanza el Distrito Minero Norte en Uspallata: el Gobierno adjudicó el Estudio de Impacto Ambiental
En paralelo, organizaciones como Oikos plantearon la inconstitucionalidad del MDMO por aprobar en bloque 34 proyectos sin análisis individualizado. La batalla judicial sigue abierta y promete tensiones en los próximos meses.
Un subsuelo empaquetado
La estrategia de Cornejo busca mostrar a Mendoza como jurisdicción confiable y atractiva para el capital minero global. Con el respaldo del RIGI, beneficios fiscales y un discurso de integración con Chile, el gobernador ofrece el subsuelo mendocino en paquetes listos para ser aprobados. “Mendoza ofrece un clima de negocios sustentado en el equilibrio fiscal, el cumplimiento de los contratos y reglas claras para la inversión”, aseguró.
El resultado es un cambio de paradigma: de la protección a una gestión de riesgos que empaqueta proyectos y los hace pasar de una sola vez por la Legislatura. El viaje a Chile fue la vidriera internacional de esa estrategia. La Cumbre de noviembre será la próxima escena donde Cornejo intentará consolidar su modelo.
