"Mendoza lo único que no tiene es megaminería metalífera. Porque literalmente la prohíbe una ley que impone restricciones muy duras que son incumplibles y que son políticamente nefastas, porque pasar una declaración de impacto ambiental por una legislatura no ocurre en ningún lado del mundo". Así se expresaba Alfredo Cornejo en junio de 2023, tres meses antes de ser ungido formalmente gobernador de Mendoza para cimentar 12 años de poder cornejista.
Fue en una entrevista en la que, además, se explayó sobre sus planes de achique estatal, ajuste y austeridad, entre otros puntos de propaganda de campaña.
Sobre las restricciones a la megaminería, el candidato dijo en esa oportunidad que "la dirigencia política hace barbaridades. El fracking está prohibido en Entre Ríos y no hay petróleo, pero sí venden la arena con la que hacen fracking en Vaca Muerta". Agregó en ese punto sobre la 7722: "Hay que exigirles a los que la bloquean más que a los que gobiernan".
Fue Cornejo quien, a fines de 2018 impuso por decreto el fracking, y a partir de ese momento diseñó y ejecutó un plan de rebaja de las regalías que deberían dejar las empresas en las arcas provinciales, además de ablandar las licitaciones para hacer fracking y perforar pozos convencionales más rápido y con menos trabas para las empresas.
"Yo me puse firme y eso corrió", dijo sobre el decreto de vía libre al fracking. Estaba respondiendo a una consulta sobre la resistencia social que genera la legalización del cianuro para megaminería en Mendoza.
Informe Explícito: 7722, la ley que resistió el acoso permanente del establishment
Con el respaldo de las urnas -aunque es menor que el que obtuvo Rodolfo Suarez y él mismo en 2015- es incierto, sino muy endeble, el futuro de lo que los ambientalistas llaman "la ley guardiana del agua".
Desde la pueblada de 2019, y con fiscales que responden al oficialismo, se persiguió y criminalizó a defensores del agua que aún hoy transitan las escaleras del Poder Judicial. A Cornejo no le tembló el pulso en su mandato para imponer política antipopulares, como despidos de empleados públicos o el mismo ítem aula, resistido en las calles por los maestros con caravanazos y marchas.
Cornejo pretende, por lo explícitamente dice en sus palabras, eliminar el paso de hacer pasar proyectos mineros por la Legislatura -la herramienta con la que la UCR le bloqueó a Paco Pérez Hierro Indio, por ejemplo-.
En ese punto en particular, la Corte de la Nación avaló el paso de la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos, aunque dijo que es inconstitucional la vaguedad de la 7722 al prohibir "otras sustancias tóxicas" en la minería sin especificar cuál.
Las Asambleas por el Agua aseguraron antes de los comicios que seguirían en las calles "gane quien gane", acusando a Cambia Mendoza, La Unión Mendocina y el PJ por el pacto que, en diciembre de 2019, intentó derribar la ley.
"Nos declaramos en estado de alerta y movilización y convocamos a la gente a regresar a las calles para defender nuestra agua", advirtieron.
No está claro el efecto que puede llegar a tener esa advertencia, y las marchas populares de 2019, en el diseño de provincia que ejecuta desde 2015 Cornejo. Algo insinuó Rodolfo Suarez en un acto de campaña con su antecesor y sucesor: "No pudimos percibir cuál era el humor social, que me arriesgo a decir que hoy ha cambiado mucho porque este tiempo que ha transcurrido la gente se da cuenta que la pobreza sigue creciendo y que si no buscamos otras fuentes para generar trabajo, que es lo que queríamos..."
Puntos suspensivos.
