En el primer cuatrimestre de 2024 Alfredo Cornejo desembolsó $1.050 millones de pesos de pauta oficial para silenciar a los medios los temas que lo incomodan o revelan puntos oscuros de su gestión al mismo tiempo que se ensalza su figura y la de los integrantes de su gobierno.
En el contexto de un intenso embate prominero para convertir en letra muerta la Ley 7722 con otras leyes y regulaciones, y la explícita adhesión al plan de desguace y despidos de Javier Milei, el gobernador impuso a fuerza de pauta su agenda con una masividad que avanza en bloque en diarios, canales de TV y radios.
En paralelo, en Mendoza cerró la corresponsalía de Télam -ejecutada por un abogado de Daniel Vila y José Luis Manzano al frente de la intervención de los medios públicos y ahora ascendido para vaciar y vender las empresas públicas– y Cornejo ordenó el cierre del canal estatal Acequia, dejando en la calle a más de 50 familias.
Mientras se expanden en negocios más rentables como la energía y el petróleo, Vila y Manzano por su parte también siguieron con su plan de achique, pero en América Buenos Aires, donde ejecutaron despidos sin empacho y los reemplazaban por «tecnología».
A fines de abril, Clarín anunció que vendía diario Los Andes, poniendo en marcha un plan de despidos e incitando a irse a los que no eran echados bajo el eufemismo de «retiros voluntarios». Los compradores son militantes de la megaminería y alfiles de Cornejo.
Cornejo y el lobby minero, detrás de la venta de diario Los Andes
Este oscuro panorama es observado de cerca y visibilizado por el Sindicato de Prensa, que con motivo del Día del Periodista emitió un comunicado en sus redes sociales.