El único punto en rojo de la foto que encabeza esta nota pertenece a la banca del diputado por Mendoza José Luis Ramón (Protectora): fue el único que voto en contra de la creación de la creación de un Fondo Fiduciario de asistencia para las víctimas del delito de trata y explotación de personas. La iniciativa fue convertida en ley por 183 votos positivos y ninguna abstención.
El legislador -que ganó popularidad frazada al hombro en pleno tarifazo energético con llamativas intervenciones públicas a las que en la última campaña sumó un megáfono. dijo que votó en negativo porque, según su parecer, “se legitima la posibilidad de ejecutar los bienes de una persona únicamente procesada por el Estado por la supuesta comisión de un delito. Hasta que no tenga condena firme, no es culpable, ni esos bienes son producto de ilícito alguno, ya que ninguno está demostrado”, según lo cita Parlamentario.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, destacó que la ley tiene que ver con la indemnización y restitución para las víctimas de este tipo de delito, y al respecto sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional debe incluir las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la norma.
“El más importante de los derechos es que el Estado debe establecer un procedimiento adecuado para que las víctimas accedan a la indemnización y restitución a que son acreedoras por la legislación mencionada”, señaló la jujeña.
La radical indicó además que “el Fondo se conformará con el producto de bienes decomisados por sentencia firme o cuando no haya sentencia, aquellos que son autorizados por el juez competente en forma anticipada, garantizando a la víctima que sea innecesaria su acción directa por vía civil, evitando así una revictimización”.
Burgos precisó que “lo que se logra es que los imputados o los condenados por ese delito, que sean insolventes o no se le hayan podido detectar los bienes y no puedan indemnizar a las víctimas, este Fondo permitirá obtener un cúmulo de dinero que servirá para indemnizar a las víctimas de delitos vinculados con la trata”.
