Este martes 9 de abril comenzará el juicio denominado Contraofensiva Montonera, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra un centenar de víctimas en 1979 y 1980. Se juzgará a once ex integrantes de los servicios de inteligencia del Ejército por su presunta responsabilidad en la privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra 94 víctimas.
Despliegue represivo territorial
Durante el juicio se evidenciará el entramado y la estructura que desplegó el Ejército en las fronteras del territorio argentino, para llevar a cabo las detenciones en contra de los militantes de la organización Montoneros que intentaban retornar al país.
Sin embargo, el diseño estratégico no consistió únicamente en el control de las fronteras, sino que también el plan elaborado por los militares abarcó operaciones por dentro del territorio, y en algunos casos hasta en el exterior del país, como ocurrió en Perú, Bolivia y Brasil. Por otro lado, la mayoría de las acciones desplegadas en el país ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, mientras que en el interior del país se relatan operaciones en Córdoba, Chaco, Mendoza, Corrientes y Santa Fe.
El operativo ejecutado por el Ejército apuntó en contra de 94 víctimas, de las cuales 70 permanecen aún desaparecidas y 12 fueron asesinadas en el acto de la intervención militar, o bien sus cuerpos fueron entregados o aparecieron sin vida meses después. Por último, la mayoría de las víctimas secuestradas fueron llevadas al centro de detención Campo de Mayo, en donde fueron torturadas y mantenidas en la más absoluta clandestinidad.
En Mendoza, por ejemplo, emboscaron en el aeropuerto a Hugo Vocouber y Luis Fleitas, dirigentes de las Ligas Agrarias del Chaco que habían vuelto al país para participar de la Contraofensiva. Las Ligas Agrarias era una organización económica y política que aglutinó a pequeños y medianos productores, contó con el respaldo de un sector de la Iglesia y llegó a poner en cuestión el modo de producción rural: tenía incidencia en el 60 por ciento del mercado algodonero argentino y disputaba terreno con Bunge y Born.
Los acusados
Los acusados son el militar retirado Jorge Apa, quien se desempeñó como Jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista” dependiente la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército Argentino; Roberto Dambrosi, ex Jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia; el militar retirado Juan Firpo, ex Jefe de la Central Contrainteligencia y Jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601; Marcelo Courtaux, Carlos Casuccio y Alberto Sotomayor, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo; los militares retirados Raúl Muñoz, Carlos Carpani Costa y Ricardo Pianta, ex miembros del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares; y los militares retirados Jorge Bano y Eduardo Ascheri, quienes integraron la Sección Operaciones Especiales (S.O.E.) de Campo de Mayo.
A los agentes incriminados se los acusa de haber reunido información relativa a presuntos grupos u organizaciones “subversivas”, procesarla, proporcionarla y difundirla a sus superiores y subalternos, para la ejecución del plan de represión implementado por el gobierno militar hacia las personas que formaron parte del operativo denominado “Contraofensiva Montonera”, nombre que se le dio a la convocatoria que realizó, desde el exilio, la dirigencia de esa agrupación a militantes que estaban en diferentes países con el fin de volver a la Argentina para realizar acciones en contra de la dictadura militar.
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo acusa por los casos de Sara Zermoglio y Horacio Mendizabal –padres del nieto restituido Diego Mendizabal Zermoglio-, y por Guillermo Amarilla y Marcela Molfino (padres del nieto Guillermo Amarilla Molfino), Rubén Amarilla y Noemí Gianetti de Molfino (tío y Abuela de Guillermo Amarilla Molfino, respectivamente).
Los casos
Entre 1979 y 1980, Montoneros llevó a cabo la llamada Contraofensiva, que consistió en el reagrupamiento de militantes exiliados en diferentes países, que regresaron a la Argentina a encabezar una campaña para resistir a la dictadura cívico-militar y generar apoyo social para que el terrorismo de Estado llegara a su fin.
Uno de los aspectos centrales del debate es que se juzgará el accionar del aparato de inteligencia como uno de los dispositivos necesarios para llevar adelante los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese periodo, incluso los perpetrados fuera del país, llevando la represión estatal por fuera de los límites de la Argentina. En el juicio oral se indagará acerca de estos operativos conjuntos, coordinados y ejecutados por las fuerzas militares y de seguridad en los cuales los agentes de inteligencia suministraban la información que luego era utilizada para privar de libertad, torturar o asesinar a las víctimas. Por lo tanto, la acusación alcanza a los agentes del Estado que respondían a un diseño y a una estructura de inteligencia, orientada a efectuar operaciones para desarmar grupos e investigar a militantes entre los años 1979 y 1980.
Primera parte de 9MM, la Contraofensiva, basada en la investigación de Marcelo Larraquy volcada en el libro Fuimos Soldados:
Fuentes: Abuelas de Plaza de Mayo/Infojus/Ministerio Público Fiscal
