Sobresueldos por decreto

La cornejista Norma Trigo y más de 70 funcionarios deben devolver a Santa Rosa más de 7 millones cobrados ilegalmente

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Alfredo Cornejo y Norma Trigo después de que sacaran a Sergio Salgado de la intendencia.

La exintendenta cornejista de Santa Rosa, Norma Trigo, y más de 70 funcionarios de su gestión deberán devolver 7,5 millones por sobresueldos  ejecutados vía decreto en 2018 y 2019, por fuera de la aprobación del Consejo Deliberante y nunca blanqueados en el Boletín Oficial.

Así lo aprobó la Fiscalía de Estado tras una resolución de la actual intendenta, Flor Destéfanis, y se oficializó con un decreto publicado el lunes en el Boletín Oficial -en el que también se difundieron los nombres de 74 funcionarios a través del que llamaron "ítem de responsabilidad funcional", creados por Trigo-.

Trigo asumió como intendenta interina de Santa Rosa nombrada por el entonces gobernador Alfredo Cornejo tras la renuncia del peronista Sergio Salgado, con prisión preventiva por denuncias de la oposición y una fuerte presión del propio Cornejo sobre la Justicia para sacar del medio a un jefe comunal que se impuso en tres elecciones consecutivas por el cargo. Luego fue electa en una elección en la que peleó la interna radical. 

En el caso de Trigo -que en estas elecciones se presentó como candidata a concejal en las listas de Cambia Mendoza- debe devolver $183.680,94.

El decreto firmado por Destéfanis establece además que “en caso de incumplimiento del pago reclamado, capital y de los intereses reclamados extrajudicialmente, se ordena iniciar la acción legal judicialmente”.

En su momento, Trigo justificó el plus salarial para ella y sus funcionarios “dado que desde el año 2015 el personal ejecutivo de la Municipalidad percibía haberes inferiores a los del Honorable Concejo Deliberante debido a que el Ex intendente Sergio Salgado disminuyó sus haberes y los del personal ejecutivo (exceptuándose los del Concejo Deliberante) en una medida demagógica sin norma legal correspondiente, y que terminó afectando el derecho de propiedad de los funcionarios”, según la cita Los Andes. 

Sin embargo, la Fiscalía de Estado dictaminó que los decretos que ordenaban un plus salarial estaban “viciados grave o groseramente” por lo que devinieron “nulos o en inexistentes”. Por esta razón ordenó iniciar “acciones tendientes al recupero de los montos ilegítimamente abonados a los agentes”.

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