"La gestión del gobernador Rodolfo Suárez en Mendoza encontró su mejor aliado en el lobby minero, que quiso ganar terreno y protagonismo en diciembre de 2019, con el acuerdo entre Cambiemos, la UCR y el PJ para modificar la ley 7.722"
"Pese al freno que la movilización popular puso a ese intento, la megaminería no es un tema cerrado en Mendoza. El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, entre guiños con el PJ, insiste hoy en levantar en su municipio las trabas que rigen en la provincia gracias a la recuperada ley".
Con estos párrafos inicia el informe anual de la situación represiva de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en el apartado sobre Mendoza, titulado "Mendoza, tierra del sol y de la gorra".
En el informe se detalla la situación represiva nacional con capítulo especial en algunas provincias, entre ellas Mendoza, a la que ubica entre la de mayor incidencia de la represión estatal en el mapa.
Mendoza, con alto nivel represivo
"Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la
hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 513,498% del total, seguida de lejos
por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestra el mapa", indica el reporte de la organización.
"Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 4.065 casos de una con los 309 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia
poblacional" destaca.
Para dimensionar el impacto de la represión, Correpi analizó los casos en base a la cantidad de habitantes.
La provincia de Buenos Aires continúa primera, pero con mucha menos diferencia con las que la siguen, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza, y un segundo pelotón compacto, La Pampa, Río Negro, CABA, Santiago del Estero y Córdoba, señala el informe.
"La gestión de Suarez llegó en patrullero"
"Si bien la gestión anterior reforzó el sistema punitivista sobre una base de legislación en materia represiva preventiva, la gestión de Suarez llegó en patrullero y la represión en Mendoza se convirtió en la cura de todos los males. Ante el hambre, el desempleo, cierre de paritarias, reclamos salariales, falta de vivienda digna y de servicios básicos y demás, la respuesta del gobierno fue la represión", indica Correpi.
Suarez desactivó con la policía una olla popular que pedía comida y medidas sanitarias mínimas
Menciona en ese sentido la pulverización del Comité de Prevención de la Tortura para eliminar controles civiles en cárceles y comisarías -una ley ideada por Alfredo Cornejo y concretada por Suarez- y la modificación del Código Contravencional a pedido de Suarez para encarcelar a quienes hicieran reuniones en sus casas durante la cuarentena.
Represión en la cuarentena
Un apartado especial dedica Correpi al despliegue de la represión de los gobiernos nacional y provincial por la cuarentena.
Sobre Mendoza dice: "Entrada la etapa de ASPO, como era de suponer, los hechos de violencia policial en los barrios populares, las detenciones arbitrarias, el despliegue de sirenas marcando los toques de queda a las 19:00, con móviles en constante circulación, fueron muestras de la policización en la provincia. A partir del DNU 297/2020 se profundizaron programas para el
control social como Ojos en alerta, que invita a lxs vecinxs a vigilar y denunciar a quienes no acataran el aislamiento".
También tomó nota el informe del ciberpatrullaje que anunció Suarez como parte de la política para endurecer el aislamiento.
Suarez: “Vamos a hacer monitoreo de redes para detectar juntadas en las casas”
Este es el informe completo de Correpi:
