Derechos Humanos

La Nación se sumó a la demanda contra el Gobierno de Mendoza por eliminar controles en cárceles y comisarías

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Cornejo ideó la ley para pulverizar el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. Suarez la impulsó y la sancionó.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como amicus curiae para respaldar a Xumek en la demanda contra el Gobierno de Mendoza por la ley que eliminó controles civiles en cárceles y comisarías a través del desmantelamiento del Comité Provincial de Prevención de la Tortura.

La ley fue ideada por Alfredo Cornejo y sancionada en el de Rodolfo Suarez, con la resistencia de organismos de Derechos Humanos y organizaciones civiles que todos estos años sirvieron de contralor en los lugares de encierro.

El oficialismo logró que la Legislatura aprobara los cambios en la ley que dio origen a la Ley de creación del Comité de Prevención de la Tortura, recortando la injerencia de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos en la vigilancia de normas mínimas que eviten tratos crueles y degradantes en lugares de encierro.

Xumek, organización de defensa de los Derechos Humanos, se presentó en la Suprema Corte con un pedido de inconstitucionalidad de la ley, una acción a la que se suma ahora la Nación a través del titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

Los argumentos de la Nación

“Preocupa a esta secretaría el cambio legislativo aquí cuestionado dado que podría implicar un caso de violación de los tratados internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Argentina y un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH -se lee en la presentación-. Por lo tanto resulta un interés legítimo de esta Secretaría evitar que el estado sea condenado internacionalmente y a su vez proteger los Derechos Humanos de sus ciudadanos”.

Precisamente, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura surgió de un acuerdo alcanzado en 2011 entre el Estado Argentino y la CIDH por las denuncias a violaciones de los DD.HH en penitenciarías de Mendoza, entre ellas torturas y tratos crueles a internos de la Penitenciaría de Mendoza y del penal San Felipe.

La situación de hacinamiento y violencia institucional en los penales de Mendoza era tal que, además de instar a las autoridades a separar condenados de procesados y adecuar las condiciones de encierro, ordenó la creación del CPPT para controlar el cumplimiento de las medidas y vigilar al Estado en la ejecución de las políticas de encierro.

Aquí se puede leer el informe con el acuerdo que suscribió Argentina ante la CIDH para la creación del Comité de Prevención de la Tortura en Mendoza.

Entre los ejes argumentativos del organismo nacional, se plantea “la prohibición de medidas que deroguen o eliminen legislación u otras disposiciones necesarias para el ejercicio de los derechos reconocidos”. Esto significa, sigue, “la consagración de la prohibición de regresividad normativa”.

Es justamente lo opuesto a lo que hizo el oficialismo en Mendoza con la ley que eliminó miembros del comité y le quitó injerencia a las organizaciones sociales, volviéndolo dependiente del Ejecutivo.

Este es el amicus curiae presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación:

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