A los múltiples argumentos en contra de la postulación de Teresa Day a la Suprema Corte -que giran en torno a la violación de requisitos constitucionales y su nula perspectiva de género- la Red por los Derechos Humanos Mendoza le sumó otro cariz: la llegada de esta funcionaria judicial ligada al oficialismo al máximo tribunal implicaría la suma del poder público para la UCR.
"De acuerdo al contexto político actual en nuestra provincia, su incorporación implica la suma del poder público para el partido gobernante", señala la impugnación, presentada este miércoles en el Senado.
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"El Poder Ejecutivo, en manos de la UCR, además de una Legislatura con mayorías automáticas del mismo partido y sus alianzas en ambas cámaras sumaría con esta postulación la mayoría en la Suprema Corte de Justicia". Se refiere aquí la red a que el oficialismo cuenta con otros jueces afines como Dalmiro Garay y José Valerio (ambos del riñón cornejista), más Pedro Llorente, quien en entrevistas ha admitido tener "corazoncito radical". Jorge Nanclares, el juez que dejó la vacante, también era de extracción radical.
Cierra el documento presentado por la Red por los Derechos Humanos: "La señora Day ha sido redactora de la Reforma Procesal Penal impulsada por el partido gobernante y ha ejercido funciones técnicas, administrativas y políticas que jamás han colisionado con los intereses del oficialismo sino más bien todo lo contrario: ha sido extensión de sus intereses políticos. Su posible designación empobrece la calidad institucional de la justicia y lesiona gravemente el sistema republicano".
