La Mesa de Enlace anunció el cese de comercialización de granos y hacienda desde el lunes hasta el jueves. Es contra la suba de tres puntos en las retenciones a las exportaciones de soja. La medida alcanza al 26 por ciento por ciento de los productores sojeros. A la vez, reduce la alícuota a los pequeños y medianos productores sojeros y la de otros 20 productos del campo.
El paro de las patronales agrícolas es motorizado por el macrismo, que domina la Mesa de Enlace. La segunda guerra del campo estalló cuando el gobierno de Fernández está en plena negociación de la deuda que dejó el macrismo, que presenta vencimientos imposibles de cumplir.
La medida de fuerza a favor de las patronales sojeras más poderosas tiene potencial dañino para aquella renegociación. El presidente apuesta a circunscribir la pelea al sector del campo vinculado al macrimo. Para eso, tiene que evitar que los sectores industriales y comerciales se hermanen con los intereses de la Mesa de Enlace, como sucedió en 2008, con la Resolución 125 del gobierno de Cristina Fernández.
Alberto Fernández era consciente de la reacción que provocaría su decisión. Y, según trascendió de varias fuentes periodísticas, la estrategia del Ejecutivo no contempla concesiones en los alcance del último decreto de retenciones.
Sectores del campo venían realizando microprotestas desde que asumió el peronista. Ahora, con el aumento de retenciones para la grandes productores de soja consumado, la Mesa de Enlace llamó al lockout sin movilizaciones a las rutas.
Después del enorme conflicto de la primera mitad de 2008, días después de que Cristina Fernández asumiera su primer mandato, ni el Gobierno ni el campo pueden aducir sorpresa.
Macrismo explícito
La Mesa de Enlace tiene nombres y apellidos: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro. En el motor del paro patronal pedalean los ex ministros de Agricultura de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, y Luis Miguel Etchevehere (dirigente de la SRA), además del senador nacional por Entre Río, Alfredo De Ángelis (de la FAA). En las localidades sojeras, muchos dirigentes empresarios del campo anidan en Juntos por el Cambio.
Con Macri, la Mesa de Enlace estuvo clausurada. Las entidades actuaron en su mundo, mientras sus dirigentes ganaban espacios institucionales haciéndose lugar en la interna del macrismo para llegar a un Concejo Deliberante, Legislatura o el Congreso.
Cuando Macri apeló al aumento de exportaciones, con una fenomenal corrida autoinflingida en el contexto, salieron a protestar por los medios, pero nunca en las rutas. La Mesa de Enlace surgió de un pacto político empresario para enfrentar al primer gobierno de Cristina Fernández.
La vuelta al primer plano de la Mesa de Enlace tiene una excusa en la suba de las retenciones y un fin en la confrontación política contra el presidente Alberto Fernández.
Equidad territorial y social
Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, sostuvo que "el mecanismo que nosotros estamos proponiendo responde a una convicción doctrinaria de equidad territorial y equidad social. Equidad territorial significa que con este incremento, cuyo saldo es 0% en términos fiscales, permite compensar a 3 de cada 4 productores que hacen soja. Estamos considerando economías de producción de soja de menor escala que normalmente tienen más costo".
Agregó: "En un gran establecimiento los costos son menores por un mejor acceso a la tecnología. Lo que hemos hecho es considerar esto para que haya una estrategia de segmentación, para que puedan seguir produciendo".
Letra fina
El esquema de retenciones impuesto por decreto del Gobierno le bajó la alícuota a 22 productos y se la mantuvo sin cambios a otros. Sólo para el sector sojero, se empujó un salto del 30 al 33 por ciento para todas las exportaciones. El alza fue autorizada por una Ley del Congreso de la Nación.
Para quienes venden entre 100 y 1.000 toneladas anuales de soja, el decreto contempla alícuotas que van desde 20 hasta el 30 por ciento.
El Gobierno consignó que el aumento de la alícuota alcanzó sólo al 26 por ciento del total de productores sojeros del país. Son unas 14.884 empresas, responsables del 77 por ciento del volumen total de la soja argentina. Para el 74 por ciento restante de los productores, el techo de las retenciones es del 30 por ciento.
La comercialización de hasta 100 toneladas anuales pagará 20 por ciento de retenciones; de 101 a 200 tonelada, 23 por ciento; de 201 a 300 toneladas, 26 por ciento; de 301 a 400 toneladas, 28 por ciento; de 401 a 500 toneladas, 29 por ciento; y de 501 a 1.000 toneladas, 30 por ciento.
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